Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público presentará 42 testigos y más de 700 pruebas documentales durante el proceso judicial por la venta ilegal en el sector Los Tres Brazos, que tiene entre otros imputados a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
La información la adelantó este lunes el fiscal José Miguel Marmolejos, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quien informó además que el Ministerio Público avanza con la lectura de la acusación y que ya comenzó con la presentación de las pruebas.
“Vamos avanzando con lo que es la presentación de la acusación del Ministerio Público, tal y como esperábamos. Tenemos 42 testigos, 42 pruebas testimoniales y más de 700 pruebas documentales”, indicó Marmolejos al concluir la jornada en el juicio preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, por lo avanzada de la hora que llevaba el proceso, dispuso el aplazamiento de la audiencia para el próximo lunes 18 de octubre, a las 9:00 de la mañana.
Luego de varios aplazamientos, el órgano de la persecución penal retomó el pasado 10 de septiembre la lectura de la acusación contra los involucrados en la trama que enajenaba propiedades del Estado dominicano y conminaba a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas.
Los representantes de la Pepca han destacado durante el proceso judicial que Leoncio Almánzar, exdirector de CORDE, vendió ilegalmente a cambio de un solar rural un millón de metros cuadrados en los que se encuentra localizado el sector Los Tres Brazos.
Además de Almánzar, en el expediente figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico; Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional;
Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
Además, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
Los fiscales que representan al Ministerio Público acusan al grupo de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
La acusación señala que los ex funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
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