Por Frank Valenzuela
Montecristi (República Dominicana).- En un hecho de alcance global, la organización internacional Mangrove Action Project (MAP), con presencia en más de 60 países y una red de más de 500 organizaciones, remitió una comunicación formal al presidente Luis Abinader el mismo día de la inauguración del proyecto Energía 2000 en la Bahía de Manzanillo, situando el caso en la agenda internacional en materia ambiental, territorial y de derechos humanos.
La carta, firmada por Alfredo Quarto, cofundador y director de incidencia de MAP, expone que el proyecto energético se sustenta en una única Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) elaborada en 2013, concebida originalmente para una planta de 360 MW, mientras que la infraestructura finalmente ejecutada alcanza los 437 MW con componentes marítimos y gasíferos no contemplados en el estudio original.
MAP señala que, pese a la magnitud de la expansión del proyecto, el acceso público al estudio ambiental fue restringido durante cuatro años, en contravención del Acuerdo de Escazú, y solo fue divulgado en marzo de 2026 tras el interés de instancias internacionales. Este hecho, según la organización, plantea interrogantes sobre los niveles de transparencia en el proceso de licenciamiento ambiental.
Uno de los aspectos centrales abordados en la carta es la intervención en Playa Estero Balsa, un ecosistema costero clave funcionalmente conectado al Sitio Ramsar No. 2497 y al Parque Nacional Manglares de Estero Balsa. La organización documenta que el dragado, la construcción de muelles y la alteración de la línea costera han transformado significativamente el entorno, afectando actividades tradicionales como la pesca artesanal y el ecoturismo comunitario.
En ese contexto, MAP indica que estas transformaciones podrían ser evaluadas bajo los criterios de la Convención Ramsar, particularmente en relación con posibles cambios en el carácter ecológico del área, lo que conlleva procesos de seguimiento y análisis dentro de dicho marco internacional.
La comunicación también aborda el impacto socioeconómico del proyecto, señalando que más de 100 familias de pescadores y operadores turísticos han visto afectados sus medios de vida, con ingresos estimados en más de 7 millones de dólares anuales, en un contexto donde aún se discuten mecanismos de remediación y compensación integral.
Asimismo, se hace referencia a la situación del abastecimiento de agua potable en Manzanillo, indicando que la conexión de la planta al sistema del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) no estaba contemplada en el estudio ambiental original, lo que ha generado preocupaciones en la comunidad en torno a la disponibilidad del recurso hídrico.
En su comunicación, MAP presenta cinco propuestas dirigidas al Poder Ejecutivo, entre ellas la realización de una evaluación ambiental independiente, la atención prioritaria al Sitio Ramsar No. 2497, la implementación de compromisos de remediación, y la creación de mecanismos financieros orientados al desarrollo territorial y la recuperación de medios de vida.
La organización destaca que el caso de Manzanillo está siendo observado con interés por distintos espacios internacionales vinculados a la gobernanza ambiental, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, lo que posiciona la situación dentro de un contexto más amplio de análisis global.
Fundada en 1992, Mangrove Action Project no se limita a la conservación ambiental, sino que impulsa la defensa de los medios de vida de comunidades costeras frente a procesos de transformación territorial. Su participación en el caso de Manzanillo contribuye a proyectar la situación en escenarios internacionales de diálogo y seguimiento.
