Luis Mayobanex Rodríguez
Coordinador de Alianza País en el Exterior
New York. – Autocalificándose “como una persona de acción”, el presidente Luis Abinader admitió ante cientos de connacionales reunidos en el United Palace de New York que no era tiempo para seguir prometiendo, sino el tiempo de presentar medidas tomadas en beneficio de la diáspora dominicana.
A nivel de enunciado dijo lo que las y los dominicanos presentes ansiaban escuchar y que por años ha reclamado Alianza País: anular el cobro de los 10 dólares para entrar al país y los múltiples impuestos a pagar con la compra de los tickets aéreos.
Además, durante el Consejo de Gobierno efectuado el pasado lunes adelantó que a favor de la diáspora implementara servicios como el Seguro Nacional de Salud (SENASA), el programa de viviendas Familia Feliz y otras medidas a futuro supuestas ser útiles para sectores productivos de la comunidad.
Para Alianza País el presidente habló más en tiempo futuro que en tiempo presente contradiciendo su aseveración de que este era el momento de las acciones no de promesas.
La acción concreta, señor presidente, consistía en usted presentar ante la franja ciudadana que fue a escucharle el nuevo decreto por usted firmado modificando el decreto 430-17, librando así del pago de 10 dólares de turista al más de un millón de dominicanos que cada año viaja a República Dominicana”.
Diferir su solución a un futuro incierto, que es lo por usted ha planteado, es un nuevo recurso para encubrir la estafa a que son sometidos millones de connacionales viajantes.
Para nuestro partido esto es lo más simple, porque no es una ley. Es un decreto y como tal es decisión unipersonal de un presidente, por tanto su modificación responde a la voluntad del mismo u otro presidente”.
En el caso del desmonte de los múltiples impuestos que gravan los boletos aéreos es peor. En esto el presidente someterá anularlos cuando se inicie la discusión de una reforma fiscal que se ha estado cantaleando durante varios años
El argumento del presidente de que los impuestos son el producto de una ley, lo cual es cierto, soslaya el hecho innegable de que el actual congreso, controlado por el PRM del cual el presidente es su líder máximo, goza de plena facultad constitucional para revocar cualquier ley.
Para Alpaís para su solución ninguno de estos dos casos han de esperar a la reforma fiscal, dado que su solución depende de la voluntad del presidente Abinader.
Triste resulta, además, que la necesaria reforma de la visión y proceder administrativo de los consulados, así como la urgente rebaja en los costos de sus servicios, tampoco encontró medidas presidenciales concretas que apuntaran a su solución hoy, no mañana.
Por eso los Consulados continuaran siendo voraces oficinas recaudadoras de dinero a costa de penurias y privaciones de nuestra comunidad.
De ahí nuestra insistencia de dar respuestas positivas en breve tiempo al reclamo histórico de reducción significativa en los costos del pasaporte y otros servicios consulares como actos de poder y notariales, apostillar documentos y aprobación y otorgamiento de ciudadanía para nuestros descendientes aquí nacidos.
Eliminar el pago punitivo progresivo por perdida o deterioro de la libreta del pasaporte, disposición que obliga al pago de 60 dólares por primera perdida y que se multiplicaría por segunda y tercera perdidas.
Al costo final se agrega 30 dólares más por una carta consular para notificar la perdida en un precinto policial y recibir un reporte. No menos relevantes es el terminar con el pago por comisión a los cónsules, estableciendo un sueldo de acuerdo con la función que desempeñan.
El presidente pudo haber dejado resuelto el trasparentar y fortalecer la vida institucional de los consulados permitiendo accesibilidad a la ciudadanía del presupuesto y desempeño financiero que tengan y eliminando todo arcaísmo que predomine en el manejo interno de su gestión como si fuera feudo personal de los funcionarios que se designan en su Dirección, ejemplo el pago cash por servicios prestados y no aceptar el pago con tarjeta de crédito.
Así como ordenar la apertura de una Oficina de Orientación y Asistencia Legal en consulado. Esa oficina daría prioridad a los encarcelados, indocumentados y personas con necesidades especiales.
Hacer voluntario la aceptación y pago de la tarjeta de identidad consular, no como ahora ocurre que te cobran por esta sin la mayoría de los clientes necesitarla.
El gobierno debe buscar acuerdos con las aerolíneas para eliminar el cobro por primera maleta a nuestros connacionales. En la mentalidad de los gobernantes y los monopolios aéreos los viajeros tenemos deberes, pero no derechos.
Si a lo expuesto agregáramos proveerles a los dominicanos con interés de invertir las mismas facilidades que se les prestan a inversionistas de otras nacionalidades; brindarles mayor seguridad jurídica para proteger bienes e inmuebles; darle un carácter más productivo a las remesas, convertir en sujeto de crédito a sus receptores y el Estado crear programas para el avance económico y social de las provincias receptoras y facilitar el inicio de programas de construcción de viviendas que faciliten la adquisición de primera y segunda casas a los emigrados, pudiéramos estar hablando de un proceso de ruptura con la obsoleta y utilitaristas visión que ha predominado desde el poder político y económico de la nación con la diáspora.
Se estaría sentando la base para la firma de un pacto social entre el Estado dominicano y su diáspora que se sostenga en ejes económicos, sociales, políticos y culturales fundamentales para la vida presente y futura de nuestras comunidades emigradas.
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