Crecen las denuncias cautelares sobre irregularidades en el conteo de votos en las pasadas elecciones, mientras que aumentan las demandas de nulidad y el presidente electo anuncia que desmantelará los procesos de paz y que jurará a su cargo en una base militar, contrario a lo que establece la Constitución que debe hacerlo ante el Congreso
Por Claudio Álvarez Dunn
BOGOTÁ, Colombia.- Mientras por un lado crecen las denuncias judiciales sobre irregularidades en el conteo de la reciente votación presidencial, junto a los cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la falta de un escrutinio más riguroso sobre los votos provenientes del exterior, por el otro el presidente electo Abelardo De La Espriella insiste en posesionarse en una guarnición militar lejos de Bogotá, de espaldas al Congreso de la Nación, como es costumbre y está regido por la Constitución.
Para atizar más este fuego político que polariza al pueblo colombiano, De La Espriella ha anunciado que apenas asuma eliminará 229 cargos en la Consejería para la reconciliación nacional, la Consejería para los derechos humanos y la oficina del Derecho Internacional Humanitario (DIH, que en Colombia regula los conflictos armados y buscando limitar los métodos de guerra y proteger a la población civil), además de pasar la motosierra a la Unidad de implementación del Acuerdo Final y acabar con la figura del Alto Comisionado para la Paz.
“Estas decisiones de acabar con la institucionalidad de la paz, y desconocer el Acuerdo Final de Paz de 2016, convierten a Abelardo De la Espriella en el mayor enemigo que haya tenido nuestro país en el campo de la búsqueda de la paz. Sus anuncios son la más grave violación que se haya emprendido contra el derecho a la Paz del pueblo colombiano consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta Política», respondió de inmediato el derrotado candidato Iván Cepeda, cuyo leit motiv de la campaña fue “Me la juego por la vida”. Por su parte, el presidente Petro denunció que el CNE ha cometido fraude en el conteo de los votos en el exterior. El mandatario se hizo eco de una publicación del representante a la Cámara Alejandro Ocampo, en la que se presentan imágenes de un formulario E-14 de una mesa de votación en Venezuela.
Ocampo aseguró que el acta «no fue firmada por ningún jurado de votación» y cuestionó que el CNE no realizara un escrutinio más riguroso de los votos provenientes del exterior, lo que, sin ese proceso, aún no habrían concluido los escrutinios en Colombia.
Además, el mandatario aseguró que la investigación adelantada por su equipo indicaría que «la mitad del fraude se localiza en las mesas del exterior» y agregó que también estarían apareciendo casos de personas fallecidas que, según sus afirmaciones, figurarían como jurados de votación.
Petro denunció que no se entregaron los escrutinios de claveros en el exterior (funcionarios designados por la ley para custodiar y proteger las actas y votos físicos) en este caso de Estados Unidos, por lo que calificó este hecho como un fraude. “Es un fraude de 848.000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié”, informó el mandatario.
Cabe recordar que según los resultados oficiales, el candidato derechista Abelardo De la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos (12.959.542), mientras que el progresista Iván Cepeda logró el 48.70% (12.708.712), lo que marca una diferencia de apenas 250.830 votos, por lo que cada sufragio cuenta a pesar del silencio de las autoridades administrativas sobre las denuncias.
La noticia se suma a las denuncias del presidente saliente, quien ha señalado la interferencia de una empresa israelí en los comicios del pasado 21 de junio, argumentando que se utilizaron algoritmos y campañas de desinformación para favorecer la victoria de De la Espriella como presidente electo.
Según la inteligencia colombiana, la empresa israelí BlackCore habría desplegado 500.000 bots y perfiles falsos, para manipular al electorado colombiano con millones de mentiras. Estas acusaciones, que el mandatario ha respaldado con la presentación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, cobran ahora una relevancia global al ser vinculadas con la estructura criminal desenmascarada anteriormente por el periódico The Guardian.
Según el diario británico «Jorge Hanan y su equipo” son los artífices del caos digital. La investigación periodística revela que la unidad está liderada por Tal Hanan, un exmiembro de las fuerzas especiales israelíes que opera bajo el alias «Jorge». El diario detalla que sus métodos incluyen: piratería informática (obtienen información de sus rivales hackeando cuentas de Gmail y Telegram); sabotaje digital (su objetivo es desestabilizar a oponentes políticos y gobiernos) y desinformación automatizada (emplean ejércitos de boots y perfiles falsos en redes sociales para difundir narrativas manipuladoras y crear confusión en la sociedad).
Las investigaciones de la inteligencia colombiana sostienen que las pasadas elecciones presidenciales del mes pasado fueron alteradas por algoritmos con los que la empresa israelí BlackCore habría filtrado desde Los Ángeles para afectar los resultados electorales en Colombia.
Como si eso fuera poco, el tablero político se ha incendiado esta semana con la denuncia del reconocido abogado Luis Guillermo Pérez Casas, quien destapó que el presidente electo De La Espriella habría firmado dos contratos con el Estado este año, en plena campaña electoral, por lo que de acuerdo a la ley se invalidaría su elección como presidente.
Según el régimen de contratación pública durante los seis meses anteriores a la elección no se puede contratar con ninguna entidad pública y no se puede contratar con el estado colombiano, lo que contemplado en el artículo 179 de la constitución nacional.
Pérez Casas argumenta que esa es otra causal que confirma la ilegitimidad de elección de De La Espriella, quien habría firmado los dos contratos: uno con el distrito Especial Industrial y portuario dé Barranquilla el 23 de enero 2026, y otro contrato fue firmado tres días después con la gobernación del Atlántico el dia 26 de enero, ambos por 457 millones de pesos (unos 135.000 dólares).
Según el abogado defensor de derechos humanos y ex magistrado del CNE, la solicitud de la medida cautelar presentada ante el Consejo de Estado para buscar la nulidad de las elecciones se mantiene. “Nos han pedido que presentemos los cargos por separado. en demandas separadas, y lo estaremos haciendo de esa manera”, dijo el profesional del derecho, que, además argumentó que “esta es la demanda del pueblo Colombiano en defensa de la democracia y la trasparencia electoral de la justicia”.
Simultáneamente, los periodistas Gonzalo Guillén y Marisol Orozco, presentaron un derecho de petición dirigido a De la Espriella, con el propósito de solicitar copias de sus declaraciones de bienes y rentas, además de información relacionada con sus actividades económicas en los países donde, según el documento presentado, tendría ciudadanía o nacionalidad (Italia, EE.UU. y Colombia)
De acuerdo con los comunicadores, la solicitud busca que esta información sea conocida por la ciudadanía antes de la posesión presidencial, bajo el argumento de que la transparencia patrimonial es un elemento fundamental para quienes asumirán responsabilidades dentro del Estado.
Hace unas semanas, una investigación publicada por la revista Cambio y firmada por el periodista Daniel Coronell señaló que el entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella habría recibido recursos provenientes de empresas vinculadas al empresario colombiano Alex Saab recientemente detenido por Estados Unidos. Según la publicación, los documentos revisados registran transferencias por más de 370.000 dólares hacia cuentas fiduciarias administradas en Estados Unidos, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta del ahora presidente electo.
Mientras el presidente saliente Petro asegura que no se presentará el 7 de agosto en la toma de posesión de De la Espriella, ni le dará la mano al mandatario entrante para no validar el fraude ni el atentado a la paz de Colombia. Al día de hoy las autoridades electorales no se han pronunciado sobre las acusaciones de fraude y sus denuncias públicas, ni han emitido un pronunciamiento oficial. Pruebas no faltan, pero la voluntad política de la derecha judicial por devolver el poder al delfín de Trump parece que sigue su curso.
claudio.alvarez.dunn@gmail.com
(El autor es un periodista residente en Colombia)
