Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, consideran las medidas adoptadas por el Gobierno como ineficientes y maliciosas ante el manejo del COVID-19.
Santo Domingo (República Dominicana).- Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) consideran que el Gobierno es negligente ante la crisis creada por el coronavirus.
Alfredo Pacheco, vocero de los diputados en oposición, sostuvo, que las facultades excepcionales no fueron aprovechadas en sus inicios por el Gobierno de forma oportuna posible para decidir y ejecutar el conjunto de políticas públicas necesarias para romper la cadena de contagio
Es por ello que el legislador no considera prudente otorgar una nueva extensión porque el Gobierno no realizó acciones cruciales para enfrentar la pandemia.
No compran pruebas
Refirió que el propio ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, manifestó que no se hizo ninguna compra directa de kits de pruebas rápidas.
El sistema de salud está trabajando con donaciones, el Ministerio de Salud Pública no ejecuta un programa de pruebas masivas y gratuitas que permitan detectar a todos los posibles contagiados en el territorio nacional”, manifestó.
Acusó al Gobierno de patrocinar el uso político de los planes sociales, permitiendo la entrega sin la debida equidad que las circunstancias demandan.
“El Gobierno no rinde cuentas, con el rigor necesario, ante el Congreso y los ciudadanos sobre las ejecuciones de todas las compras y contrataciones realizadas durante el Estado de Emergencia, como tampoco conduce a la justicia a sus infractores”, expresó.
Cancelados por corrupción
Citó que el propio presidente de la República; Danilo Medina, se vio en la obligación de cancelar todo el personal vinculado a los procesos de compras del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y otros procesos de licitación por la denuncia de irregularidades en las proyectadas compras.
Pacheco afirmó que el Gobierno perfectamente puede tomar las medidas requeridas en esta etapa para garantizar que no ocurra un rebrote.
“La ley 42-01 de Salud Pública, por ejemplo, autoriza al gobierno a tomar medidas de control para fines sanitarios que pueden hasta ser la de establecer horarios y condiciones de apertura de negocios, así como la imposición de regulaciones como el uso obligado de mascarillas y el distanciamiento social, entre otras”, manifestó.
Explicó que similar ocurre con los procesos de compras puesto que la propia Ley 340-06 pueden ser declarados procesos de emergencia sin necesidad de la promulgación de un estado de excepción.
Los legisladores del PRM adelantaron que cualquier aumento de contagios y fallecimientos es responsabilidad única del Gobierno por no actuar según las sugerencias de organismos internacionales y rechazar toda la colaboración de la oposición y sectores de la sociedad civil.
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