San Juan (Puerto Rico).- La representante Lourdes Ramos rechazó las intenciones de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), que insiste, bajo presión de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF), en eliminar los derechos adquiridos de los empleados del sistema universitario para transformar su Sistema de Retiro.
«Esto es alta traición. Saben que el sistema actual es solvente y que lo único que lo amenaza es la dejadez del patrono, entiéndase la Junta de Gobierno, de pagar responsablemente las aportaciones patronales en ley que corresponden», denunció Ramos.
La legisladora del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), autora de la mayoría de las iniciativas legislativas y leyes que protegen a los jubilados del gobierno en sus diferentes Ramas, dijo que tal acción es ultra vires ya que es la Junta de Retiro del Sistema universitario, y no la Junta de Gobierno, la que tiene la autoridad en ley para decidir el futuro del mismo.
«La ley que crea el Fideicomiso y que ya pasó el cedazo de los tribunales, le reconoce total autoridad a la Junta de Retiro. Están empeñados en destruir un sistema que opera bien y que responde a las necesidades de los empleados de la UPR. Es una infamia», manifestó.
Ramos, así como los legisladores Denis Márquez Lebrón, Domingo Torres, Mariana Nogales y Lisie Burgos, reafirmaron mediante la presentación de la Resolución Concurrente 73, su oposición a cambiar el actual Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por un Plan de Contribución Definida.
«He venido denunciando esta situación por largos meses y se lo he dicho de frente en la cara a los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad. Cerrar el Sistema de Beneficios Definidos, que mantiene un óptimo estado financiero, por razón de que la universidad reciba 20 millones retenidos por la JSF, es imitar a Judas y vender la universidad por varias monedas de plata», expresó Ramos.
Enfatizó que el Fideicomiso del Sistema de Retiro-UPR cuenta con un patrimonio aproximado de 1.8 billones de dólares para enfrentar el pago de pensiones a futuro y cualquier deuda
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