San Juan (Puerto Rico).- El asesinato este pasado martes de Sugeny Concepción Quezada, en Barrio Obrero, Santurce, a manos de su expareja, pone en evidencia una vez más la falta de empatía y de sentido de urgencia conque el sistema de justicia en Puerto Rico “atiende” los casos de violencia de género, más aún cuando la víctima es una mujer inmigrante.
Romelinda Grullón, coordinadora del Centro de la Mujer Dominicana, considera que, desde el 22 de noviembre pasado, cuando el Tribunal de San Juan emitió una Orden de Protección Ex parte, quedó claro que Sugeny, como peticionaria, demostró que existía “una probabilidad sustancial de riesgo inmediato”.
Representado ese riesgo por el demandado Francisco Polanco Rosario, quien se suicidó tras cometer el horrendo crimen en la tarde del martes 6 de diciembre de 2022.
Grullón señaló que es inconcebible que habiéndose establecido el peligro inminente en esa fecha, no se tomaran las medidas radicando cargos criminales y arresto inmediato del agresor. “Y más inconcebible aún es que, ante este panorama, se fijara la vista de Orden de Protección en su fondo para el 10 de enero del 2023”.
“Entendemos que el sentido de urgencia y la peligrosidad del caso ameritaba una acusación criminal y la inmediata puesta en vigor de todo un operativo de protección real a la víctima, sobre todo con el historial de acoso, de agresión física, sexual y emocional que el individuo ejercía contra Sugeny y de lo cual tenía conocimiento el tribunal”, sostuvo la líder comunitaria.
Agregó que ante un cuadro así, es inaceptable la dilación, la falta de acción concreta, en medio de la crisis de violencia de género en Puerto Rico y el estado de emergencia declarado hace casi dos años por el Gobierno para atenderla.
Grullón explicó que en el marco de ese estado de emergencia, los distintos componentes del sistema están legal y/o moralmente obligados a movilizar los recursos necesarios para la prevención y protección de la vida y la integridad de las mujeres.
“Exhortamos a los distintos sectores a unir esfuerzos para detener esta ola de violencia que ha segado la vida de Sugeny Concepción Quezada y de otras 72 mujeres víctimas de femicidio en lo que va de año en el País”, preciso la coordinadora del Centro de la Mujer Dominicana.
Señaló que “seguimos en un estado de emergencia y, como tal, las instituciones a cargo de proteger la vida de las mujeres “deben cumplir con la ley, cumplir con su deber y rendir cuentas. Exhortamos al gobernador, a la oficial de cumplimiento, licenciada, Ileana Espada, y todas las agencias responsables de trabajar en coordinación: desde los Tribunales, el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y agencias de servicios como el Departamento de la Vivienda, Departamento de la Familia y Educación a seguir los planes de trabajo interagenciales en la coordinación de servicios esenciales para la protección de la vida de las mujeres migrantes,y sus hijos e hijas”.
“Hasta prueba en contrario, podemos afirmar que el sistema y otras instancias de poder han actuado sin sensibilidad, sin sentido de urgencia y en completa temeridad en perjuicio de las mujeres víctimas de la violencia de género y de la violencia institucional en el País”, concluyó Grullón.
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