A rajatabla
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) es cabeza del Poder Judicial, que tiene a su cargo garantizar la convivencia social a través de la aplicación de las leyes por medio de sentencias condenatorias, absolutorias o de diligencias procesales, lo que la convierte en santuario de la democracia y de los derechos ciudadanos.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene el compromiso de evaluar al menos siete jueces de la SCJ, de once que cumplieron el período constitucional para el cual fueron escogidos. Cuatro magistrados declinaron volver a postularse, incluido el titular, Luis Henry Molina.
Por tratarse de un órgano de naturaleza enteramente política, cuya mayoría en su composición se deriva de los resultados de las últimas elecciones generales, el CNM se ubica en el epicentro de conjetura pública en torno a intereses que medran alrededor de la rectificación, destitución y nombramiento de jueces de la SCJ.
Por el número de jueces que ya no optarán por otro período, los que no serán ratificados y los nuevos que serían nombrados, se colige que estaría en juego la propia independencia del Poder Judicial, más aún porque entre los ausentes figuran el presidente de esa alta corte y la primera sustituto del titular, lo que genera un oculto pugilato por ocupar poltronas vacantes.
Es de justicia admitir que la conformación del CNM luce relativamente equilibrada con tres concejales del partido oficial, dos de la oposición, dos de la SCJ , además del presidente del Tribunal Constitucional, aunque, lógicamente la figura del presidente Luis Abinader posee un peso determinante.
De esas destituciones y nombramientos de magistrados dependerá el control del Consejo del Poder Judicial (CPJ), que es el órgano de gobierno, administración y disciplina del Orden Judicial, así como la conveniente distribución de los jueces que presidirán las tres salas de la Suprema Corte.
De la nómina de jueces de carrera sobran talentos para ascender a ese alto tribunal, pero también los hay entre la comunidad jurídica, por lo que lo aconsejable sería que prevalezca el equilibrio profesional y académico, pero con la absoluta garantía de integridad, ética e independencia.
Una distribución en las designaciones o sustituciones de jueces basadas en intereses partidarios o corporativos, sería como retrotraer al Poder Judicial a tiempos cuando magistrados de todas las instancias o jurisdicciones eran propiedad de senadores o caciques políticos, lo que significaría un golpe mortal a la democracia sostenida en el régimen de separación de los poderes.
confío en que el presidente Abinader, titulares del Poder legislativo, concejales de oposición y de las Altas Cortes resistan todo tipo de presiones y cumplan cabalmente con su deber de fortalecer, a la Suprema Corte de Justicia con nombramientos o ratificaciones de magistrados probos, competentes y decentes.
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(El autor es abogado y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
