Por Milton Olivo
La noche en que comenzaron a caer los misiles sobre Irán, no solo temblaron las ciudades; también crujieron, como madera vieja bajo presión, los cimientos del orden jurídico internacional.
En la penumbra de los mapas iluminados por pantallas militares, la guerra volvió a hablar su lenguaje más antiguo: el de la fuerza sin matices, el de la imposición sin límites. Y con ello, la promesa civilizatoria del derecho internacional público pareció entrar en su fase más crítica, como si asistiera a su propia sepultura.
El ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán —seguido de la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales— no solo dibuja un episodio más en la geopolítica contemporánea; plantea, sobre todo, una interrogante inquietante: ¿qué queda del derecho cuando el poder decide ignorarlo?
Durante décadas, la humanidad intentó domesticar la guerra. No eliminarla —empresa aún inconclusa—, pero sí someterla a reglas. De esa aspiración nacieron los Convenios de Ginebra y sus desarrollos posteriores: normas que, en medio del caos, pretendían preservar un reducto de humanidad. Porque incluso en la guerra —se nos enseñó— hay límites. Incluso en el conflicto, el ser humano no deja de ser sujeto de derechos.
Sin embargo, cuando las bombas alcanzan plantas eléctricas, refinerías o sistemas de desalinización de agua, la línea que separa objetivos militares de bienes civiles comienza a desdibujarse peligrosamente. Y con ello, se erosionan principios esenciales del Derecho Internacional Humanitario: la distinción entre combatientes y civiles, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, la necesidad militar como justificación limitada y no como excusa expansiva.
El drama no es solo material; es profundamente moral. Cada infraestructura destruida es también un golpe indirecto al derecho a la vida, a la dignidad humana, a la integridad física y moral de millones de personas que no participan en las hostilidades. Son ciudadanos invisibles en los cálculos estratégicos, pero centrales en el orden jurídico que se pretende defender.
El derecho internacional humanitario, ese conjunto de normas que buscaba proteger a quienes no combaten, se enfrenta hoy a su mayor prueba. Porque no basta con que existan reglas; es imprescindible que quienes tienen la capacidad de violarlas decidan respetarlas. De lo contrario, el derecho se convierte en una declaración simbólica, útil para discursos, pero impotente frente a la realidad.
Las garantías internacionales en tiempos de guerra —protección de civiles, trato digno a prisioneros, atención a heridos, prohibición de la tortura y de ataques indiscriminados— no son concesiones de los Estados, sino conquistas de la humanidad. Son el resultado de siglos de dolor acumulado, de guerras que enseñaron, a un costo insoportable, que la barbarie absoluta no puede ser el destino inevitable de los conflictos.
Por eso, cuando estas garantías se vulneran, no solo se produce un daño inmediato; se genera un precedente. Y los precedentes, en el ámbito internacional, son semillas peligrosas. Lo que hoy se justifica en nombre de la seguridad, mañana puede convertirse en norma implícita para otros actores, en otros escenarios, bajo otras excusas.
En este contexto, los derechos humanos no desaparecen. Persisten, incluso cuando se intenta silenciarlos bajo el ruido de las explosiones. Algunos son inderogables: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud. No pueden ser suspendidos ni siquiera en los momentos más extremos. Son, en esencia, el último bastión frente a la deshumanización total.
Sin embargo, la distancia entre la norma y la práctica revela una fractura creciente. La comunidad internacional, representada en organismos como las Naciones Unidas, enfrenta el desafío de no quedar reducida a un espectador impotente. La legitimidad del sistema internacional depende, en gran medida, de su capacidad para hacer valer esas normas, incluso —y sobre todo— frente a los actores más poderosos.
De lo contrario, el concepto de responsabilidad internacional —que incluye crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio— corre el riesgo de vaciarse de contenido. Y con ello, la idea misma de justicia global se convierte en una promesa incumplida.
La historia ha demostrado que cada vez que el derecho retrocede, la barbarie avanza. No siempre de forma inmediata, pero sí de manera inexorable. La desregulación de la guerra no produce estabilidad; produce ciclos más intensos de violencia, donde cada actor se siente legitimado para ir un poco más allá que el anterior.
Por eso, la pregunta que queda suspendida sobre este conflicto no es únicamente geopolítica. Es, sobre todo, civilizatoria: ¿seguirá el mundo apostando por un orden basado en normas, o aceptará —resignado— el retorno a una lógica donde la fuerza define lo justo?
Si la respuesta se inclina hacia lo segundo, no estaremos simplemente ante una crisis del derecho internacional público. Estaremos, en realidad, ante su entierro simbólico. Y lo que emergerá de esa tumba no será un nuevo orden, sino algo mucho más antiguo y peligroso: la barbarie con rostro moderno.
Porque cuando el derecho calla, la guerra deja de ser un conflicto regulado y vuelve a ser lo que siempre fue en su estado más puro: la negación absoluta de la humanidad.
milton.olivo@gmail.com
(El autor es escritor y analista geopolítico residente en Santo Domingo, República Dominicana).
