Por Allen Antonio Peña García
Por definición, la ética supone ser la rama de la filosofía que estudia el comportamiento correcto o incorrecto del ser humano en sociedad, en función de los principios de moralidad y las costumbres de cada colectivo social en particular.
Importantes filósofos y autores a lo largo de la historia de la humanidad han atribuido distintas concepciones y trasfondos a este termómetro del buen comportamiento humano.
Analizando los postulados de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) sabemos que este infundió en la escuela peripatética, que la ética se vincula directamente con la eudaimonia, que no es más que la búsqueda de la felicidad, y que la misma se centra en el desarrollo de virtudes, las cuales deben acogerse como hábitos conducentes a una vida plena (Ética a Nicómaco). Aproximadamente 23 siglos más tarde, Friedrich Nietzsche (1844-1900), amparado en su concepto del -Übermensch- o superhombre, establece que la ética, más que responder a un conglomerado de principios y normas morales absolutas, responde a un constructo cultural que fluctúa sobre la base de ciertos intereses de grupos específicos.
En la Europa actual, Adela Cortina, destacada filósofa española que dedica sus esfuerzos intelectuales al estudio de la ética, la define como el estudio de las normas y valores que rigen el comportamiento humano, y que, más allá que circunscribirse a lo correcto y lo incorrecto, persigue el fomento de una convivencia armoniosa sobre la base del necesario diálogo para la construcción de una cultura ética, justa y solidaria que satisfaga las necesidades de las sociedades contemporáneas, amparada dicha cultura ética en el respeto de los derechos humanos y la justicia social.
Hoy en día en la República Dominicana, especialmente en lo que a la administración pública respecta, son evidentes los esfuerzos que desarrolla la actual gestión de gobierno para fomentar una cultura de ética en los avatares de la administración pública, no solo mediante la puesta a disposición del pueblo de las herramientas de transparencia y fiscalización que prevén los instrumentos legales destinados por el ordenamiento jurídico dominicano a estos fines, tales como las Oficinas de Acceso a la Información (OAI), los portales web de transparencia de las instituciones públicas o las declaraciones juradas de patrimonio que deben presentar los funcionarios públicos, electos y designados, antes y después del manejo de fondos públicos, sino también mediante el empoderamiento de la sociedad dominicana, verbigracia la apertura de sesiones para vistas públicas en el Congreso Nacional del pasado 17 de octubre del 2024, donde el pueblo, en cumplimiento de su rol de observador permanente y como elemento esencial del Estado, sobre quien reposa la soberanía popular, pudieron mostrar sin reparo sus posiciones sobre el proyecto de reforma fiscal intentado por el Ejecutivo.
La madurez política del presidente Abinader, al ordenar el retiro de propuesta de reforma fiscal del Congreso Nacional, muestra su fuerte compromiso social asumido como administrador de la cosa pública, y sobre todo, de administrarla escuchando al pueblo, quien mediante el pago de impuestos le permite al Estado financiar el gasto público, invertir en infraestructura, salud, educación, seguridad y llevar a cabo actividades que estimulan la economía y, por ende, genera crecimiento económico.
(El autor es abogado residente en Santo Domingo, República Dominicana).
