Redacción (ONU-PRESS).- Los Estados no respetan ni protegen el derecho de las mujeres a la libre opinión y expresión. Las voces femeninas son reprimidas o castigadas por leyes, políticas y prácticas discriminatorias, dice una relatora de la ONU y denuncia los ataques a las defensoras de las garantías fundamentales de las mujeres.

La censura de género está muy extendida. Muchas mujeres o personas de género no conforme carecen de libertad para expresarse. Sus voces son reprimidas, controladas o castigadas explícitamente por leyes, políticas y prácticas discriminatorias e implícitamente por actitudes sociales, normas culturales y valores patriarcales, afirmó este lunes la relatora especial sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión.

En un informe sobre la justicia de género y libertad de expresión, Irene Khan indicó que la violencia de género, el discurso del odio y la desinformación se están utilizando ampliamente tanto en línea como en la vida cotidiana para suprimir las opiniones de las mujeres.

“El sexismo y la misoginia, que son factores dominantes en la censura de género, se han agudizado con el surgimiento de fuerzas populistas, autoritarias y fundamentalistas en todo el mundo”, alertó.

La experta* en derechos humanos explicó que, en su forma más extrema, se emplea la violencia sexual y de género para acallar o suprimir las expresiones que manifiestan inconformidad o que transgreden las normas o los códigos sociales o morales patriarcales y heteronormativos.

Peor aún, aseveró que los Estados no respetan, protegen ni cumplen con el derecho igualitario de las mujeres a la liberta de opinión y expresión.

“La censura de género es tan generalizada que la igualdad de género en la libertad de expresión sigue siendo un objetivo lejano”, lamentó.

Violencia en línea

En el caso de la violencia de género en línea, el informe destaca que tiene características que la diferencian de la violencia en el mundo real, ya que los ataques pueden realizarse en cualquier momento y desde cualquier lugar por agresores primarios, y ampliados por agresores secundarios, utilizando espacios y herramientas digitales que aumentan en gran medida el ritmo, la velocidad, la reproducción y la permanencia de los actos.

Estas particularidades tienen efectos graves las supervivientes y las leyes vigentes en el área de violencia contra las mujeres y las niñas no son adecuadas para abordar estos detalles.

La moral pública como pretexto

Además, Khan dijo que, con el pretexto de proteger la moral pública, los grupos fundamentalistas vigilan y los gobiernos de algunos países censuran y penalizan el comportamiento social en línea de las mujeres jóvenes y las personas que no se ajustan al género, sobre todo si pertenecen a grupos marginados.

En el mejor de los casos, esas acciones son paternalistas, y en el peor, misóginas, consideró.

Recordó que, aunque el sistema internacional de derechos humanos se centra en gran medida en la censura como acción represiva del Estado, algunos actores privados y no estatales como las organizaciones sociales, culturales o religiosas, ejercen una censura visible por razón de género, silenciando a las mujeres y excluyéndolas de las esfera política y de toma de decisiones.

Resaltó, asimismo que, en la era digital, “la oleada de violencia, discurso de odio y desinformación en línea suele llevar a las mujeres a autocensurarse, limitar lo que publican o abandonar las plataformas”, apunta el informe.

Periodistas y activistas

Con respecto las mujeres periodistas, políticas, defensoras de los derechos humanos y activistas feministas, el estudio da cuenta de ataques en línea coordinados para intimidarlas, silenciarlas y expulsarlas de las plataformas de las redes sociales y de la vida pública, socavando los derechos humanos, la diversidad de los medios de comunicación y democracia inclusiva.

Detalla que estas mujeres sufren actos y amenazas de violencia física y psicológica, “incluidas amenazas de muerte y violación, por expresarse o simplemente por ser mujeres que desempeñan un papel de liderazgo”.

“En algunos contextos, las manifestantes y activistas detenidas corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual o de género a manos de las fuerzas del orden o de seguridad”, abunda, y especifica que en ciertos lugares de Medio Oriente, las niñas pueden correr peligro por el sólo hecho de utilizar los medios sociales.

El informe también refiere el retroceso de los logros en materia de igualdad de género debido a la pandemia de COVID-19, que obligó a muchas mujeres a dejar sus trabajos para cuidar a sus familias y aumentó de manera alarmante la violencia doméstica.

Obligación de los Estados

Frente a esta realidad, el documento enfatiza la obligación de los Estados no sólo de respetar la libertad de opinión y de expresión, sino también de eliminar las barreras estructurales y sistémicas que impiden la igualdad, como son la violencia sexual y de género.

En este sentido, la experta sostuvo que el derecho igualitario de las mujeres a la libertad de opinión y expresión debe estar al frente y al centro de las agendas nacionales e internacionales “si las mujeres quieren recuperar el terreno perdido, si los países van a reactivar sus economías y si los gobiernos quieren recobrar la confianza del público”.

Para la esfera virtual, la relatora especial urgió a los Estados y a las empresas de redes sociales a garantizar que los espacios digitales sean seguros para todas las mujeres y las personas no binarias, y que lo hagan dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos.

El estudio recalca la falta de transparencia de las empresas de internet, por lo que insta a esas corporaciones a que rindan informes y mejoren el acceso a los datos y las auditorías.

Aprovechó la ocasión para resaltar las condiciones éticas, la firmeza y determinación del mayor general Then y del subdirector Minaya, a quienes deseó éxito en sus funciones, esperando que pasen a la historia como los actores que dieron paso a la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional.

Además, recordó que solo existe un plan de seguridad ciudadana, que es el prometido por el presidente Luis Abinader, diseñado por la institución que dirige, y que le corresponde al director de la Policía Nacional ejecutar, con el apoyo de todas las demás agencias del Estado, todo bajo la coordinación institucional del Ministerio de Interior y Policía.

Por último, indicó que el presidente Luis Abinader ha sido claro y ha dado muestras de transparencia y tolerancia cero a la corrupción, razón por la cual debemos fortalecer el régimen de consecuencias a quienes se aparten del cumplimiento de la Ley y la ética en las filas de la Policía Nacional.