Enfrentar la corrupción de manera efectiva ha sido una tarea bastante escabrosa para los gobiernos, los cuales se ven frecuentemente desbordados por realidades complejas que les impiden garantizar un ejercicio limpio de la función pública.
Y es que las tentaciones sobran en la función estatal, muchas veces permeando inclusive la férrea formación personal y hogareña de muchos que caen en las redes de la corrupción, aun a sabiendas de que, probablemente, terminarán ante un juez.
Sin embargo, lo que nunca hemos entendido es cómo, si los funcionarios públicos se corrompen porque un empresario privado los tentó, casi siempre quien termina procesado por la justicia es el servidor estatal.
Aunque siempre se proclama que no pueden haber corruptos sin corruptores, la soga rompe por el funcionario, que está bien que pague por sus hechos, pero debería repartirse la carga.
Un caso que quizá pueda tomarse como ejemplo por su dinámica inversa, es el reciente acuerdo pactado con el Ministerio Público por el suplidor del Estado Maxy Montilla, quien aceptó devolver unos tres mil millones de pesos para evadir un juicio.
El señor Montilla—medio cuñado del expresidente Danilo Medina, según sus alegatos—es un ente privado que se valió de sus relaciones con instituciones del Estado para perjudicar el patrimonio colectivo.
Empero, el señor Montilla no actuó solo, sino que desde el interior de las instituciones supuestamente afectadas, debieron participar actores que no figuran en el expediente que sirvió de base para el acuerdo conforme cual aceptó la devolución revelada por el Ministerio Público.
Y como ya hemos dicho que no hay corrupto sin corruptor, cabe la pregunta obligada: ¿dónde están los corrompidos dentro de las instituciones afectadas por el masivo dolo?
Otro elemento que salta a la vista es que, al aceptar la devolución, no es verdad que el señor Montilla entregó todo lo presuntamente obtenido con malas artes. Ni tonto que fuera, que no lo es.
Por consiguiente, dado que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo hecho, viene otra pregunta mucho más compleja: ¿puede interpretarse el acuerdo como un lavado, de hecho, de los activos no perseguidos?
La respuesta simple es afirmativa, pues nada impediría al imputado utilizar esos recursos. Y este comportamiento afecta la determinación del presidente Luis Abinader del combate resuelto y frontal contra la corrupción.
Nelsonencar10@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
