Por José Alejandro Vargas
El indetenible progreso tecnológico que impacta a las sociedades posmodernas ha generado disciplinas nuevas, orientadas a responder los problemas que la propia tecnología produce, especialmente aquellos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En la República Dominicana, ese avance de los medios de comunicación resulta rápidamente observable, incluso como precedente de sistemas similares en América Latina, sobre todo desde mediados del siglo XX, cuando la sociedad dominicana entró en procesos de creación y expansión de las comunicaciones radiales, televisivas y de otros formatos que, hasta hoy, permanecen en constante transformación y adecuación, con alta incidencia social.
Precisamente por eso, la sociedad requiere de sujetos informantes responsables —periodistas, comunicadores, medios, plataformas digitales, opinadores y usuarios con capacidad de difusión pública—, cuyos análisis, propuestas y realizaciones deben desplegarse desde una convicción primariamente individual, orientada a colocar la comunicación al servicio de requerimientos objetivos de moralidad ciudadana e institucional, incluso como forma de lucha frente a la ingente crisis de valores que impacta a las sociedades actuales.
Advierten estudiosos del tema que las tecnologías de la información y la comunicación juegan «un verdadero rol catalítico, capacitador en la transformación» de las sociedades tradicionales hacia sociedades de la información (Cornella, 1994). Su incorporación y uso, agregamos aquí, determinan esquemas de inserción y aplicación no solamente basados en la competitividad, sino también en la convergencia entre eficacia, eficiencia y responsabilidad social, como inductores de comportamientos no destructivos para la convivencia colectiva.
Desde esta lectura resulta fácil advertir cómo, en las naciones que llevan la vanguardia del desarrollo tecnológico, la comprensión de las ventajas competitivas de las tecnologías de la información y la comunicación corre pareja tanto con la productividad como con las pretensiones de bienestar social. De esta forma, las TIC responden a una doble exigencia: apoyar objetivos sostenibles de perfeccionamiento y estabilidad sectoriales, y, al mismo tiempo, contribuir a la preservación y logro de objetivos nacionales.
Visto de conjunto, el esquema referido resume la intervención comunicativa en un esfuerzo ampliado de perfeccionamiento individual y social. En ese proceso, los beneficios pasan por la ética informativa como eje de regulación de las funciones sociales implícitas en la comunicación moderna, a su vez impactada por las deficiencias de los modelos educativos tradicionales frente a las nuevas posibilidades de comprensión contextual de mensajes breves, fragmentados y emocionalmente impactantes.
En otras palabras, en el negocio de comunicar, el costo operativo y la ganancia quedan estrecha, y a veces indisolublemente, vinculados a la ética informativa como disciplina que analiza el impacto social de las TIC en la formación y defensa de principios, valores y aspiraciones sociales, tales como la seguridad, la libertad, el trabajo e incluso la democracia.
Sociedades crecientemente vulnerables y sistemas progresivamente incisivos en la gestión de la comunicación pública pueden favorecer la intervención de actores cuyas expectativas relacionales no siempre coinciden con el interés general. En ocasiones, esos actores transmiten disvalores o incentivan conductas no necesariamente motivadas en el crecimiento ético, ni en la promoción de esquemas conductuales compatibles con la convivencia democrática.
No es, por supuesto, un tema nuevo. La ética informativa se origina en el último tercio del siglo pasado, momento en el que los sistemas informáticos comenzaron un camino sostenido de perfeccionamiento técnico, cuyos resultados condujeron al uso de internet como red comunicacional masiva y omnipresente (Capurro, 2005).
Actualmente, la ética informativa no queda relacionada únicamente con los procesos de creación de la comunicación, sino que comprende también la forma de utilización de la información producida. Desde esa perspectiva, avanza hacia derivaciones anteriormente no atendibles con igual intensidad, como la prevalencia de los derechos de propiedad intelectual, la protección de la intimidad y la confidencialidad, o el respeto por la integridad de los datos transmitidos. La ética informativa incluye, por tanto, consideraciones de principios éticos en la decisión informativa individual.
De esta manera, incide en la comprensión de problemas conceptuales surgidos a propósito de teorías, conceptos y normas aplicadas a la defensa de la moral, la deontología y la integridad de la comunicación pública, así como de sus requerimientos metodológicos y de su papel en la formación de responsabilidad social.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana)
