Por Jhonny Trinidad
Hay una contradicción que la diáspora dominicana conoce de memoria, aunque en el país se hable poco de ella. El Estado dominicano es diligente, rápido y hasta vehemente para exigir garantías, debido proceso y trato humano cuando se trata de ciudadanos haitianos en República Dominicana. Pero esa misma energía se desvanece cuando quien necesita protección es un dominicano en Madrid, Nueva York o Milán.
No es un tema de xenofobia ni de negar derechos, sino un tema de prioridades, de saber a quién se le dedica el comunicado de Cancillería, la rueda de prensa de Migración y la llamada del Defensor del Pueblo. Y de saber quién se queda esperando tres meses por una cita en el consulado.
EL PESO ECONOMICO VS. EL PESO POLITICO
La diáspora dominicana envió US$10,202 millones en remesas en 2023. Eso es 9.1% del PIB. Es más que lo que genera el turismo en muchos meses y es el colchón que evita un estallido social cuando la inflación aprieta.
Esa misma diáspora paga US$200 por un pasaporte 10 años VIP que cuesta US$90 en Santo Domingo (precios según los portales del MIREX y la Dirección General de Pasaportes). Paga US$100 por un poder notarial. Financia locales de partidos en el exterior, compra bonos y mantiene a flote a miles de familias.
Sin embargo, cuando ese dominicano es detenido en un aeropuerto europeo por un error de visado, cuando le desahucian injustamente en El Bronx, o cuando muere solo en un hospital de Roma, la respuesta del Estado es un «estamos verificando» que puede durar semanas. La familia termina haciendo colectas en GoFundMe para repatriar el cuerpo, porque el «fondo de repatriación» del MIREX nunca alcanza.
En cambio, cada operativo en Mata Mosquitos, cada autobús de repatriación hacia Dajabón, activa un protocolo inmediato: comunicados en inglés, invitaciones a la OIM, visitas de la ONU y recordatorios públicos sobre la Convención de 1951.
El mensaje es claro: para los haitianos hay derecho internacional, para los dominicanos hay burocracia.
La maquinaria diplomática que solo mira hacia adentro
El Estado dominicano ha montado una estructura diplomática para responder a la presión internacional por el tema haitiano. Hay viceministros, direcciones y asesores dedicados a «explicar la política migratoria» en Washington, Bruselas y Ginebra. Se responde en 24 horas a un informe de Amnistía Internacional. Se convoca al cuerpo diplomático para enseñar fotos de los hospitales. Pero no hay esa misma maquinaria para defender a un dominicano al que le violaron el debido proceso en Suiza, o al que le negaron un trabajo en Chile por su nacionalidad.
Los consulados siguen operando con citas vendidas por buscones, con empleados que no hablan el idioma del país receptor y sin abogados de oficio para casos migratorios. El «INDEX» se anuncia como la gran solución, pero en la práctica sigue siendo una oficina de cartas de ruta y actos culturales. ¿Por qué? Porque los haitianos en República Dominicana son un problema de política exterior.
Afectan préstamos, afectan imagen, afectan la silla en el Consejo de Seguridad. Los dominicanos fuera son solo un problema electoral cada cuatro años. No generan titulares en The New York Times. No hacen que Human Rights Watch publique un hilo.
EL COSTO DE LA INCOHERENCIA
Esta doble vara tiene un costo. Primero, desmoraliza. La diáspora siente que es buena para mandar dinero, pero no para merecer protección. Por eso crece el divorcio entre las seccionales de los partidos y las bases. Por eso los jóvenes nacidos fuera ya no se sienten dominicanos: ven que su país solo los busca para el voto y para la remesa.
Segundo, debilita el propio argumento de soberanía. ¿Con qué autoridad moral exige República Dominicana que se respete su derecho a aplicar la ley migratoria, si no es capaz de garantizarle a su propia gente el mismo estándar que reclama para los extranjeros? La coherencia es la base de la legitimidad internacional. Y hoy, no la tenemos.
Tercero, es un mal negocio. Un dominicano protegido, legal y próspero en el exterior manda más remesas, invierte más y hace lobby a favor del país. Un dominicano abandonado por su consulado termina en la marginalidad, y esa marginalidad es la que luego usan para atacar la imagen de República Dominicana.
QUE SIGNIFICARIA DEFENDERLOS (como se hace con los haitianos en República Dominicana)
No se pide que se violen las leyes de otros países. Se pide reciprocidad de trato y de diligencia: Abogados consulares de oficio para dominicanos detenidos por migración en EE.UU. y Europa, igual que exigimos abogados para haitianos detenidos en República Dominicana.
-Fondo de repatriación real, con presupuesto y protocolo de 72 horas, no con colectas en Instagram.
-Fiscalización de consulados con indicadores de tiempo de respuesta, como los que la ONU nos exige a nosotros en Dajabón.
-Ofensiva diplomática cada vez que un dominicano sea discriminado en el exterior. Con nota de protesta, no con silencio.
-INDEX con dientes: que pueda demandar, mediar y sancionar, no solo organizar desfiles el 27 de febrero.
La defensa de los derechos humanos no puede tener pasaporte. Si el Gobierno dominicano es capaz de explicarle al mundo en cadena nacional por qué repatrió a 1,000 haitianos en una semana, debería ser capaz de explicarle a una madre en Baní por qué su hijo lleva 20 días preso en una cárcel de Texas sin que el cónsul lo haya visitado.
La diáspora no pide privilegios. Pide que la vara con la que medimos a los demás, la usemos primero con nosotros. Porque un Estado que no defiende a los suyos afuera, pierde el derecho a indignarse cuando lo critican adentro. Y esa pérdida de derecho, a largo plazo, cuesta más que cualquier comunicado.
jhonnyt2.5@hotmail.com
(El autor es periodista residente en Nueva York).
