Por David R. Lorenzo
La Procuraduría General de la República Dominicana debería investigar a varias instituciones de este país y de los Estados Unidos, por el posible asesinato de por lo menos tres ciudadanos de generales desconocidos, pero, presumiblemente colombianos, cuando se destruyó con un misil a una lancha rápida en aguas dominicanas que transportaba cocaína.
Lo que fue anunciado por la Dirección General de Control de Drogas (DNCD) en una rueda de prensa el pasado 21 de este mes de septiembre, como un logro de una operación conjunta de esa institución y la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), no es otra cosa, que un crimen perpetrado con asechanza, premeditación y alevosía, prohibido por la Constitución Dominicana y castigado por el Código Penal.
De acuerdo al vocero de la DNCD, Carlos Denver, el suceso ocurrió el domingo 21 de septiembre, a unas 80 millas náuticas de la isla Beata, al suroeste de Pedernales, provincia de la República Dominicana, a donde luego del hecho arribaron autoridades navales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para recuperar 377 paquetes de cocaína dispersos en el mar, de los mil kilos, que dicen las autoridades transportaba la embarcación.
De acuerdo a las autoridades, el hecho se produjo en lo que denominan zona económica exclusiva de la República Dominicana, término que muchísimas personas no entienden, pero que de acuerdo al artículo 9 de la Constitución, ese tipo de región forma parte del territorio dominicano, una vez delimitado.
El presidente Luis Abinader, trató de distanciarse del asunto, al afirmar que la destrucción por parte de los Estados Unidos de la lancha rápida no ocurrió, según él, en aguas territoriales dominicanas, sino en internacionales, pero, su afirmación no lo exime de responsabilidad.
Ahora bien, sea en aguas territoriales o no, la muerte de los ciudadanos constituyó un asesinato, en el que participó de una u otra manera, ya sea en su planificación o ejecución, la DNCD, de la República Dominicana.
El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en acusar a los Estados Unidos y a la República Dominicana de asesinar a ciudadanos de su país, a quienes calificó de ser obreros del narcotráfico, y no narcotraficantes, porque según él, éstos viven en villas y lujosos apartamentos en los Estados Unidos, algunos inclusive, próximos a la residencia del presidente Donald Trump, en Miami.
La DNCD dijo muy orgullosa, que fue la primera vez en la historia que la República Dominicana y Estados Unidos llevan a cabo una operación conjunta contra el narcoterrorismo en la Región del Caribe.
Enfatizó que el hundimiento de la embarcación y la muerte de los ciudadanos fue el reflejo del fortalecimiento de la cooperación entre la República Dominicana y los Estados Unidos, en el marco de la lucha frontal contra las redes criminales transnacionales.
Casi todos sabemos que la política antidrogas la traza la DEA, y no el gobierno dominicano, por lo que sin justificar su actuación, la DNCD probablemente sólo tiene que obedecer, o si no, descertifican al país. En este juego, los Estados Unidos son Blanca Nieves, y la República Dominicana, uno de los enanitos.
En la rueda de prensa participaron el presidente de la DNCD, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; la directora de Comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Michelle Angulo y el Agregado Superior de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Lowell Krusinger.
También, el agregado de la DEA en la República Dominicana, Keleb Sanderson; el enlace del Grupo Táctico de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, Nelson Omar Reyes y el vocero de la Armada de la República Dominicana (ARD), capitán de Navío Randdy Vegazo Fanith.
De acuerdo a mi criterio, la verdad es que lo que ha sido calificado por los gobiernos norteamericanos y dominicanos como un logro y un ejemplo de cooperación entre ambos gobiernos, no es más que un crimen, que los Estados Unidos cometen con mucha frecuencia, pero, creemos que la República Dominicana es su primera vez.
Decimos esto, porque el artículo 37 de la Constitución dominicana establece que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Por igual, el artículo 295 del Código Penal Dominicano dice: “el que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio”; y el 296 expresa: “el homicidio cometido con premeditación o acechanza, se califica asesinato”.
En derecho los juristas decimos que “a confesión de partes, relevo de pruebas”, por lo que tanto los Estados Unidos como la República Dominicana confesaron haber asesinado a tres personas, independientemente de que sean asalariados del narcotráfico, narcotraficantes o los peores criminales y asesinos del planeta. En teoría, ningún Estado, ni ninguna persona tiene derecho a quitarle la vida a otra, al menos que no sea en legítima defensa.
Por tanto, todos los que aprobaron la operación y la ejecución de la operación, así como los presidentes Luis Abinader y Donald Trump que la apoyaron deberían ser investigados por la Procuraduría General de la República por esos posibles asesinatos, si en verdad este organismo de la justicia dominicana tiene decisión y es independiente, aunque creo que es pedir demasiado.
davidrlorenzo@gmail.com
(El autor es periodista y abogado residente en Santo Domingo, República Dominicana).
