Por Sandra Rodríguez Cotto
Hoy Anthonieska Avilés Cabrera se declaró culpable. No hubo veredicto de jurado con sentencia, no hubo semanas de testimonios como en el juicio de su madre. Hubo un acuerdo con el Ministerio Público que reclasificó el cargo de asesinato en primer grado —que conllevaba hasta 99 años de cárcel — a uno de segundo grado, con una condena de 38 años, seis meses y un día.
Su madre, Elvia Cabrera Rivera, había sido condenada la semana pasada a 102 años tras un juicio que duró 23 días. Dos sentencias, dos números, y ninguna le devuelve la vida a Gabriela Nicole Pratts Rosario, la adolescente de 16 años apuñalada 11 veces en Aibonito en agosto de 2025. Este caso de Gabriela, como he dicho desde el primer momento, me desgarra el alma y me hace difícil distanciarme como periodista por la dureza de la tragedia, como quiera que se vea. No solo Gabriela, sino ahora Anthonieska.
Lo digo sin rodeos: ninguna sentencia «resarce» nada. Resarcir implica reparar un daño, y no hay pena —sea de 38 o de 138 años— que le devuelva a una madre su hija.
Lo que sí hace el sistema de justicia es procesar responsabilidad penal, que es bien distinto a sanar lo irreparable. Y cuando ese proceso termina en un pacto negociado en lugar de un juicio pleno, queda también la sensación —justa o no— de que la justicia se mide en meses de litigio evitados, no en la magnitud del daño causado. Y en este caso, el daño incluye la amplia discusión pública y el interés real en la noticia.
Pero esta columna no es solo sobre Anthonieska. Es sobre lo que este caso, visto junto a lo ocurrido la semana pasada, nos obliga a mirar de frente como sociedad.
Mientras el país seguía el desenlace judicial en Aibonito, en Arroyo aparecía el cuerpo baleado de Yadiel Torrales Lazú, de 16 años, quien había huido junto a otros tres adolescentes de un hogar de custodia del Departamento de la Familia en Santurce. No era cualquier hogar. Se trataba del histórico Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Miramar, uno de los primeros centros en este país en atender a esa población de varones adolescentes y huérfanos, a los que la sociedad les ha dado la espalda.
La muerte de Yadiel destapó una cifra que debería sacudirnos más que cualquier sentencia: el Gobierno de Puerto Rico no sabe el paradero de 39 menores bajo su tutela, de un total de 2,175 niños y jóvenes que el Estado dice proteger. A la propia gobernadora Jennifer González no le quedó más remedio y tuvo que reconocer lo alta de esa cifra, y tenía razón, aunque su frase —que un menor perdido ya es demasiado— llega, como casi siempre en este país, después de la tragedia y no antes.
Ese es el patrón que deberíamos documentar como prensa y exigir que se rompa como sociedad. Entre enero y julio de 2025, la Policía radicó 867 querellas contra menores por agresiones, secuestros, actos lascivos, robo de vehículos y posesión de armas o narcóticos. Los homicidios por arma de fuego son la principal causa de muerte entre jóvenes de 1 a 19 años en Puerto Rico, y más de la mitad de los homicidios de hombres de 15 a 44 años están vinculados a violencia colectiva.
Más de 5,000 niños y adolescentes son maltratados cada año en Puerto Rico, según el Perfil del Maltrato de Menores del Instituto de Estadísticas. La tasa estimada es de 10 menores maltratados por cada 1,000 menores de 18 años. Las cifras dicen que de esos un 32.5% son casos por negligencia, 32.3% por negligencia emocional y un 14.8% por negligencia educativa. En otras palabras, la negligencia representa más de la mitad de los casos identificados cuando se suman la negligencia general y la emocional.
Si esto resulta alarmante, peor es ver las cifras que recoge el Instituto de Estadísticas en los casos de abuso sexual de menores. Un 81.6% de las víctimas son niñas y 18.4% niños. En la mayoría de los casos, el perpetrador identificado es la madre biológica y/o el padre biológico. Añádale a todo eso los casos de abandono y el panorama es tétrico.
Estas no son estadísticas abstractas: son Gabriela, son Yadiel, más que nada, son decenas de nombres que no llegan a los titulares porque no hay una acusada célebre o una vista transmitida en vivo.
Para mí, lo que conecta el caso de Aibonito con el de Arroyo no es la casualidad del calendario. Opino que ambos ocurren en un país donde la deserción escolar, la pobreza, el maltrato a los niños y adolescentes, la fragilidad de los hogares sustitutos y la falta de oportunidades reales para la juventud siguen sin ser prioridad de política pública —hasta que hay un cadáver de por medio.
Encarcelamos, sentenciamos, negociamos culpabilidades y hacemos ruedas de prensa. Lo que no hacemos, con la misma urgencia, es invertir en lo que previene que un adolescente termine apuñalado en una fiesta o baleado tras huir de la institución que se suponía debía protegerlo.
La declaración de culpabilidad de hoy cierra un capítulo judicial. No cierra la herida de una familia, y mucho menos cierra la conversación pendiente sobre qué tipo de país le estamos dejando a nuestra juventud.
sandrarodriguezcotto+el-intringulis@substack.com
(La autora es periodista residente en San Juan, Puerto Rico).
