Por Edwin DeLaCruz
Las recientes declaraciones de un exgobernador del Banco Central sobre la cesantía han reabierto un debate que periódicamente regresa a la agenda nacional. Se trata de una discusión legítima, pero que debe abordarse con objetividad, sustentada en evidencias y no únicamente desde la perspectiva de los costos empresariales.
La República Dominicana ha sido una de las economías de mayor crecimiento en América Latina durante las últimas décadas. El país ha fortalecido sectores como el turismo, las zonas francas, la construcción, las telecomunicaciones y los servicios, atrayendo inversiones nacionales y extranjeras que han contribuido a dinamizar la economía. Todo esto ha ocurrido con la cesantía vigente dentro del Código de Trabajo.
Por esa razón, resulta difícil sostener que este derecho laboral haya sido un obstáculo determinante para el desarrollo económico nacional. Los indicadores de crecimiento, la expansión de importantes actividades productivas y la estabilidad macroeconómica demuestran que la cesantía ha coexistido con un proceso sostenido de desarrollo y generación de empleos.
La cesantía no constituye un privilegio. Es una protección que recibe el trabajador cuando pierde su empleo sin haber incurrido en faltas que justifiquen su desvinculación. Para miles de familias representa un respaldo temporal mientras se procura una nueva oportunidad laboral, contribuyendo a reducir la vulnerabilidad económica en momentos de incertidumbre.
Es cierto que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos importantes. Sin embargo, la informalidad laboral y las limitaciones para el crecimiento empresarial responden a múltiples factores, entre ellos el acceso al financiamiento, la productividad, la carga tributaria y las debilidades estructurales de determinados sectores económicos.
Reducir el debate a la existencia de la cesantía equivale a simplificar una realidad mucho más compleja.
La competitividad empresarial y la protección de los derechos laborales no son objetivos incompatibles. Por el contrario, las sociedades que logran equilibrar ambos elementos suelen alcanzar mayores niveles de estabilidad social y desarrollo sostenible. La experiencia dominicana demuestra que es posible crecer económicamente mientras se preservan garantías fundamentales para los trabajadores.
El reto no debe ser eliminar derechos, sino encontrar mecanismos que fortalezcan la productividad, impulsen la formalización y promuevan más oportunidades de empleo de calidad. Cualquier reforma laboral debe construirse mediante el diálogo social y el consenso entre trabajadores, empleadores y Estado.
La cesantía ha formado parte del marco laboral dominicano durante décadas sin impedir el crecimiento económico del país. Por ello, cualquier discusión sobre su futuro debe partir de datos objetivos y del interés nacional, procurando siempre un equilibrio justo entre el desarrollo económico y la dignidad del trabajo.
edwindelacruzr@gmail.com
(El autor es periodista y abogado residente en Santo Domingo).
