Por Felipe Lora Longo
La Autopista del Ámbar no nació de una demanda popular ni de una evaluación seria de las prioridades del país. Surgió en escritorios lejanos a las comunidades, impulsada por interés económico específico y luego envuelto en el lenguaje tecnocrático del «desarrollo». En estas condiciones, el gobierno de Luis Abinader, que ha hecho de las grandes obras un sustituto del debate democrático, la bendijo desde el principio.
Este proyecto no fue discutido ni consultado. Fue impuesto bajo una lógica demasiado conocida en la República Dominicana: infraestructura grande, préstamos, costo público, beneficio privado.
Y hoy, nos la presentan como inevitable. Pero no lo es.
¿Quiénes la imponen y por qué?
Detrás de la Autopista del Ámbar hay una alianza clara: sectores empresariales ligados al turismo, la logística y la especulación inmobiliaria del norte, junto a un gobierno que confunde crecimiento con desarrollo y modernización con cemento.
No se trata de conectar comunidades, sino de reordenar el territorio para ponerlo al servicio de intereses particulares. No es una solución nacional, sino un negocio con cobertura estatal.
Cuando un proyecto no nace desde abajo, genera rechazo ambiental y social, y concentra beneficios en pocos actores, no estamos ante una política pública legítima. Estamos ante una imposición.
Incluso desde dentro del propio sector de la construcción he escuchado versiones persistentes: el proyecto fue impulsado desde el más alto nivel del Ejecutivo pese a reservas técnicas y financieras por su alto riesgo. Que hoy avance no disipa esas dudas; las confirma. Ignorar advertencias conocidas no es visión de futuro: es terquedad política y captura del Estado.
Una obra marcada por fragilidad geológica, impacto ambiental severo y opacidad en su origen no puede llamarse desarrollo. Es, sencillamente, una jugada temeraria con respaldo oficial.
Desmontando los argumentos «a favor»
1. «Reducirá el tiempo entre Santiago y Puerto Plata»
Este argumento es engañoso. Ambas ciudades ya están conectadas mediante rutas existentes que, con mejoras puntuales, cumplen su función. No existe una emergencia logística que justifique el altísimo costo económico, el daño ambiental irreversible y el desvío de recursos de otras prioridades viales urgentes en el país.
Reducir algunos minutos de viaje no es una estrategia nacional. Es una excusa.
2. «Dinamizará el turismo y el desarrollo regional»
Aquí se revela el núcleo ideológico del proyecto: se nos pide sacrificar los ecosistemas de la Cordillera Septentrional —bosques, cuencas y biodiversidad— en nombre de un supuesto «turismo dinámico».
Eso no es desarrollo. Es una contradicción.
El modelo que se impulsa es el de siempre: turismo concentrado, empleo precario, dependencia económica y comunidades subordinadas, no fortalecidas.
Este es el libreto del gobierno de Abinader: hablar de sostenibilidad mientras se profundiza un modelo extractivo, maquillado de verde y vendido como progreso. Un desarrollo que destruye su base natural no es desarrollo; es pan para hoy y hambre para mañana.
La mayoría de los «beneficios» de la Autopista del Ámbar son promesas estándar del manual de megaproyectos, refutables con evidencia técnica, económica y social. Lo que sí es seguro son los costos ambientales, fiscales y territoriales.
Lo que realmente es la Autopista del Ámbar
Hay que llamar las cosas por su nombre. La Autopista del Ámbar no es una obra estratégica, ni una prioridad nacional, ni una respuesta a una necesidad popular. Es:
una imposición territorial,
un negocio con respaldo estatal,
una agresión ambiental presentada como modernidad,
y otra muestra de un Estado capturado por intereses privados.
Cuando el «progreso» exige silencio, destrucción ambiental y exclusión social, no es progreso. Es abuso de poder.
Y frente a eso, lo responsable, lo ético y lo verdaderamente patriótico no es aplaudir, sino resistir, denunciar y organizarse.
felipe@lora.org
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
