Santo Domingo (República Dominicana). – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) realizó este lunes una audiencia pública en donde se dieron cita representantes de las organizaciones políticas, de la sociedad civil y de entidades del Estado, para conocer sus consideraciones sobre el borrador de Reglamento de Aplicación de la Ley 4-23, Orgánica de los Actos del Estado Civil, en cumplimiento con el artículo 31 de la Ley 107-13.
La audiencia estuvo presidida por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández y Rafael Armando Vallejo Santelises; así como su secretario general Sonne Beltré.
Jáquez Liranzo dio por cerrada la audiencia y anunció que el Pleno valorará todas las consideraciones remitidas vía Secretaría de forma escrita, así como las escuchadas durante este lunes, para proceder a hacer oficial dicho Reglamento.
En el desarrollo de la audiencia pública algunos de los representantes de los diversos sectores presentes hicieron sus observaciones al borrador del Reglamento de la Ley 4-23.
El secretario general Sonne Beltré, a petición del Pleno, informó que este borrador fue colgado en la página web de la JCE y que se otorgó un plazo hasta el 28 de marzo hasta las 4:00 de la tarde para que se hicieran las ponderaciones que entendieran necesarias.
Las instituciones notificadas por la vía del WhatsApp, por correo electrónico y de manera física fueron: partidos, movimientos y agrupaciones políticas, Ministerio de Salud Pública, Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), Sistema Nacional de Salud, Poder Judicial, Procuraduría de la República, Ministerio de Educación, Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), Instituto Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia (INAIPI), Supérate, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y a la primera dama, Raquel Arbaje.
Asimismo, a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Policía, Participación Ciudadana, Defensor del Pueblo, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), Universidad Pedro Henriquez Ureña, Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), APEC, Universidad Dominicana O&M, Universidad del Caribe (UNICARIBE), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior Electoral (TSE), Programa Burocracia Cero.
Las organizaciones que enviaron sus consideraciones vía Secretaría fueron: Carlos Carrera Cordón, de UNICEF; Miosotis Rivas Peña, directora general de la ONE; Pablo Ulloa, defensor del Pueblo; los abogados Manuel de Jesús Dandré, Rosibely Charleston y Luis Cirilo; Tácito Perdomo, delegado político del PRSC; Frainier Henriquez Beato, Consultoría Jurídica de Supérate; Mario Caray, director de Gestión de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, quien informó que el borrador enviado al Poder Judicial se compartió con los funcionarios Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; Jonathan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial; Rosaura Quiñones, directora de Análisis y Políticas Públicas; César García, secretario general de la SCJ; y Javier Cabreja, coordinador gerente general de Comunicaciones y Asuntos Públicos.
También enviaron sus consideraciones Sofía Elisa Ureña, oficial del Estado Civil de la Décima Circunscripción; el Partido Generación de Servidores y el Partido de la Fuerza Nacional Progresista.
