Santo Domingo (República Dominicana).- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción a los tres implicados en Caso Pulpo que colaboran con el Ministerio Público y ratificó las vigentes a los otros encartados.
La jueza Yanibet Rivas dispuso que Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Julián Suriel Suazo se varíe la prisión preventiva por arresto domiciliario por colaborar con la investigación del Ministerio Público.
Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el expediente; Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez y José Dolores Santana Carmona, testaferro de Medina Sánchez, seguirán en prisión preventiva.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, seguirá cumpliendo arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y exvicepresidenta administrativa del Fonper, permanecerá en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El excontralor general Rafael Antonio Germosén permanecerá en arresto domiciliario, en tanto que Domingo Antonio Santiago, otro de los imputados de ser prestanombres del cabecilla de la red de corrupción, continuará con la presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
La magistrada también acogió la solicitud de prórroga por cuatro meses hecha por el Ministerio Público para seguir buscando evidencias en el proceso. El plazo vence el próximo 3 de diciembre cuando el órgano de la persecución penal deberá presentar la acusación del caso.
El tribunal fijó para el próximo 9 de diciembre la revisión de las medidas de coerción.
La lectura íntegra del fallo será el próximo 28 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
La Operación Anti Pulpo develó a finales de 2020 un supuesto entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
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