San Juan (Puerto Rico).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) informó este lunes que acoge la decisión del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, denegando una moción sometida por varios bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), que pretendía reclamar prioridad para gastos administrativos de al menos 3.7 mil millones en la reestructuración de la deuda de la AEE bajo el Título III de PROMESA.
La jueza del Tribunal federal, Laura Taylor Swain, concluyó que el reclamo de gastos administrativos de los bonistas no procede en derecho «–es decir: los hechos y la ley apoyan la postura de la Junta de Supervisión– y ninguna de las teorías legales presentadas en la moción de los tenedores de bonos provee una base válida para la prioridad administrativa».
«La Junta de Supervisión entiende que la decisión del Tribunal aplica apropiadamente el marco estatutario que rige los casos del Título III al amparo de PROMESA y refuerza el principio de que la prioridad de gastos administrativos está sujeta a requisitos estrictos», añadió el ente federal.
Agregó que la determinación del Tribunal elimina un obstáculo significativo para la confirmación del Plan de Ajuste propuesto por la Junta de Supervisión para reducir la deuda de la AEE y dar fin a la reestructuración de la AEE bajo el Título III. «La Junta de Supervisión espera que la reestructuración de la deuda de la AEE pueda avanzar rápidamente y en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico».
Los bonistas alegan que la cantidad total adeudada por la AEE en relación con sus bonos supera los 11 mil millones (incluyendo aproximadamente 8.5 mil millones de principal e intereses acumulados antes del caso del Título III de la AEE).
El Primer Circuito determinó en 2024 que el único colateral de los bonistas de la AEE son los Ingresos Netos de la AEE, y la Junta de Supervisión entiende que la infraestructura de la AEE está tan deteriorada que los costos operacionales y de mantenimiento del sistema eléctrico de Puerto Rico dejan poco o ningún Ingreso Neto que exceda los gastos necesarios.
El Primer Circuito no determinó el valor de la recuperación que podrían obtener los tenedores de bonos en relación con su reclamo. El Plan de Ajuste actualmente propuesto dispone un pago de hasta 2.6 mil millones para satisfacer los reclamos de todos los acreedores de la AEE, incluyendo los bonistas.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico se creó bajo la Ley bipartidista de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) de 2016 y su propósito es proporcionar un método para que Puerto Rico logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital.
