Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, se reservó para este martes a las 3:00 de la tarde, el fallo de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los imputados de la denominada “Operación Medusa”, incluido el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
El Ministerio Público, que le imputa presunta corrupción y lavado de activos a los imputados, solicita al Tribunal 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, y caso complejo.
Por el caso son procesados además del exprocurador Rodríguez, José Moya, quien fue asesor del exfuncionario durante su gestión en la Procuraduría General de la República, y quien admitió en el Tribunal que le pagaron 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se dieron.
Además, Rafael Antonio Mercedes Marte, encargado de Contabilidad de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, director financiero y encargado de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo; Jenny Marte Peña, quien se desempeñó como encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, subdirectora administrativa y financiera.
Durante la audiencia de este lunes, la defensa de Rodríguez planteó que la procuradora Miriam Germán Brito ratificó todos los contratos de construcción de la cárcel “Nueva Victoria”, “ajustándole el precio por devaluación de la moneda”.
También señalaron que la acción de la magistrada Germán de ajustar los costos, elevó el costo en más de RD$200 millones de pesos.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso calificó este lunes como “sumamente grave” para el país que el exprocurador Rodríguez, imputado de corrupción administrativa y lavado de activos, haya decidido construir el proyecto “Nueva Victoria” sobre una zona pantanosa dominada por lagunas.
De otra parte, los abogados de la defensa de Rodríguez señalaron que la PEPCA (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) parece entender que ser el máximo representante de una institución gubernamental equivale a ser responsable penalmente por cualquier acción u omisión.
También señalaron que queda demostrado que la medida de solicitud de prisión preventiva contra el exprocurador es “injustificada, desproporcionada y abusiva”.
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