Santo Domingo (República Dominicana).- El juez Deyvi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para 4 de abril la audiencia preliminar contra los imputados en el caso Antipulpo, un expediente sobre las múltiples presuntas conductas criminales de las que supuestamente se valió Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, para crear un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos, según el Ministerio Público.
Además de Alexis Medina Sánchez, los demás imputados son Wacal Bernabé Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel. Por igual Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosén, Wilfredo “Freddy” Hidalgo, Francisco Pagán y Carmen Magalys Medina Sánchez, María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez.
Igualmente, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel «Johnny» y Lewyn Ariel Castillo Robles.
Además, el juez Peguero fijó para el 21 de febrero próximo la revisión obligatoria de la medida de coerción y desde el 4 de abril y los lunes subsiguientes, a partir de las 9:00 de la mañana, se conocerá la audiencia preliminar hasta culminar el proceso, que se estimada se extenderá hasta el 30 de mayo de 2022.
En la audiencia, el magistrado sugirió que el Ministerio Público, a través de la Dirección General de Prisiones, le provea los elementos probatorios de forma impresa a los abogados de los imputados o que se les disponga un espacio para revisar las pruebas en formato digital.
Al aceptar la recomendación del juez, se establecerá un centro con cuatro ordenadores y dispondrán de las horas necesarias para revisar los documentos.
El juez Peguero también citar a quienes no comparecieron a la audiencia.
“El Ministerio Público no se opone a que este tribunal otorgue a las defensas un plazo razonable de 25 días para revisar y analizar la acusación… a nosotros no nos interesa ni en este ni en ningún otro proceso que la defensa no tenga la oportunidad de ser efectiva. A nosotros nos interesa que lo sea y que la verdad que se construya sea una verdad sustentada sobre el debido proceso”, expresó Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Camacho reiteró que el Ministerio Público también había solicitado anteriormente una prórroga porque necesitaban más tiempo para agotar cada línea de investigación del expediente y resaltó que ese plazo fue concedido en su momento.
Destacó que a la defensa se le ha notificado una inmensa cantidad de evidencia para la que necesitan tiempo y eso es razonable.
Dijo que el Ministerio Público considera 25 días como un plazo prudente para que los abogados defensores se preparen y estudien la acusación sin retrasar demasiado el curso del juicio.
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