Santo Domingo (República Dominicana).- El especialista en derecho constitucional, doctor Eduardo Jorge Prats, consideró que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor y en el camino los jueces, fiscales litigantes ir cuestionando aquellas disposiciones que resulten desproporcionadas y arbitrarias.
Prats manifestó que definitivamente es partidario de que entre en vigor el nuevo Código en agosto. «Estoy en contra del aplazamiento porque realmente es imposible determinar todas las falencias de una legislación sin verla en movimiento, hay que dejarla que respire, camine, transpire para entonces poder hacer un inventario de carencias y poder hacer los ajustes».
Considera que el Código debe ser aplicado y no se opone a que se creen comisiones de seguimiento para ver su ejecución y que se pueda retroalimentar al Congreso para eventuales modificaciones.
«Sencillamente no podemos pretender que del Congreso va a salir una obra perfecta blindada contra cualquier cuestionamiento. Existen hospitales porque la gente se enferma, existe el tribunal constitucional porque hay disposiciones que resultan inconstitucionales. Es imposible para el más avezado de los constitucionalistas poder prevenir qué disposición legal resulta inconstitucional desde el momento de su conformación», argumentó Prats al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
Sin embargo, entiende que no se debe esperar más porque también postergaría la entrada en vigor del Código y podría incluso hasta salir de ese proceso un Frankenstein con nuevas adiciones y cambios que haría que se viva eternamente en ese proceso.
Prats observó que hay quienes consideran que ahora hay que afinar, mandar a una comisión las modificaciones, lo que estima podría hacerse, pero debe aplicarse en el tiempo establecido.
«Hay una gran polémica porque el Código contempla un sinnúmero de nuevas infracciones que atienden los cambios que ha experimentado la República Dominicana. La legislación penal de nuestro país se remonta a los tiempos napoleónicos. Viene de una sociedad rural y hoy somos una sociedad urbana», relató.
Comentó que es cierto que ha habido modificaciones puntuales y que hay leyes especiales que contemplan un conjunto de infracciones, pero el Código Penal viene a actualizar ese catálogo de ilícitos.
«Se le ha criticado que hay sanciones de hasta 60 años, pero lo cierto es que hay un principio de cúmulo de penas», adujo el especialista en derecho constitucional al considerar que el nuevo Código tiene grandes aportes y su sistematización permitirá responder a una dogmática de aplicación de la misma forma de lo que tradicionalmente se conoce de los delitos que eran los elementos constitutivos, moral y material.
De otra parte, Prats considera que existe un gran sentir en la ciudadanía y los jueces de que debe ser convocado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para producir los cambios que necesita la Suprema Corte de Justicia, y estimó que es comprensible porque, como toda organización humana, el Poder Judicial también necesita ese reciclaje de las élites y del liderazgo.
«Hay muchos temas pendientes que necesitan realmente voces nuevas, voces frescas, nuevos enfoques. Y yo creo que parte de eso es lo que la comunidad jurídica y la sociedad ha reclamado», manifestó.
Prats sostiene que para el mes de abril debió haberse convocado y reunido el CNM para determinar las evaluaciones de 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia. «Ya estamos en el mes de julio y todavía no se ha producido esta convocatoria. Hay algunos sectores que entienden que ya es tiempo suficiente para que se proceda a esta evaluación».
Expuso que esa evaluación puede conducir tanto a la confirmación de esos cargos judiciales como puede conducir a un reemplazo, a una renovación de parte de la matrícula de la SCJ, incluyendo a su presidencia.
Señaló que en el caso del Tribunal Constitucional, se trata de un sistema de nueve años sin reelección y se van eligiendo parcialmente en grupos que van desde cuatro jueces.
