Santo Domingo (República Dominicana).- La Junta Central Electoral (JCE), junto al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y otras 14 instituciones, renovaron el “Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional para el Registro de Nacimiento Dentro y Fuera de Plazo”.
Este acuerdo tiene como objetivo optimizar las delegaciones de las Oficialías del Estado Civil con asiento en hospitales y clínicas del país, para fortalecer los registros oportunos de nacimientos con la declaración inmediata de los recién nacidos en el Registro Civil, asegurando así su derecho inalienable a la personalidad jurídica.
El convenio también transfiere la coordinación general del Comité de Articulación y Seguimiento del CONANI a la JCE, en reconocimiento de su rol constitucional y legal como órgano rector del Registro Civil y autoridad competente en materia de identidad y estado civil.
Estuvieron presentes por la JCE, su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Rafael Chami Isa e Hirayda Marcelle Fernández Guzmán; así como también Rhina Díaz, directora de Registro Civil.
El documento también fue suscrito por los titulares de las entidades participantes y contó con la firma, en calidad de testigos instrumentales, de la primera dama y presidenta honorífica del GANA, Raquel Arbaje; en representación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, la viceministra de Desarrollo y Participación Social, María del Pilar Cañas; y en representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (PJ), Luis Henry Molina, magistrada Nancy Salcedo.
Entre las instituciones firmantes están el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP), el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Educación (MINERD), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), la Dirección de Desarrollo Social Supérate y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entidades que se comprometieron con la ejecución de un nuevo plan de acción que prioriza el acompañamiento legal gratuito y la reducción de brechas de subregistro en comunidades vulnerables.
El presidente de la JCE destacó que entre los propósitos de este acuerdo se encuentra el fortalecimiento de las relaciones entre las instituciones del Estado cuyas competencias guardan una estrecha relación con el registro de nacimientos, hecho vital que marca el punto de partida de la existencia jurídica de una persona y se convierte en el puente para el ejercicio de sus derechos fundamentales desde sus primeros momentos de vida.
Enfatizó que con esto se busca garantizar que cada nacimiento sea registrado oportunamente, superando el subregistro o el registro fuera de plazo de personas en situación de vulnerabilidad o riesgo social.
“La meta es continuar con lo que hemos venido haciendo: que cada niño o niña que nazca en un hospital público o en una clínica privada salga de ella con su acta de nacimiento debajo del brazo”, manifestó.
En este contexto, el presidente de la JCE reconoció la labor eficiente e integra como guardianes y garantes inmediatos del Registro Civil a los oficiales del Estado Civil, en lo relativo a los nacimientos de niños y niñas dominicanos, en procura de eliminar de golpe y porrazo el subregistro en la República Dominicana.
Jáquez Liranzo enfatizó que esta responsabilidad constitucional es asumida con seriedad, firmeza, diligencia y celo por toda la estructura institucional.
Reafirmó el compromiso de continuar modernizando y robusteciendo el Registro Civil junto a las instituciones firmantes, promoviendo iniciativas que fortalezcan la interoperabilidad, la cooperación y la calidad de los servicios en beneficio de la infancia, concluyendo que la identidad no solo abre las puertas de la ciudadanía y la inclusión, sino que también representa la soberanía nacional.
Entre algunos de los avances de la Ley 4-23 resaltó la ampliación del plazo para la declaración de nacimiento de 60 a 180 días, la habilitación de 72 delegaciones en centros hospitalarios públicos y privados, y la exoneración de la traba judicial de ratificar en los tribunales ordinarios las declaraciones tardías asentadas antes de la promulgación de la referida ley, eliminando así costosas barreras burocráticas.
La renovación del acuerdo, con vigencia desde el 2026 hasta el 2030, se realizó en el Salón de Las Cariátides del Palacio Nacional.
