Santo Domingo (República Dominicana).- Un inversionista nativo del municipio de Jarabacoa, denunció este miércoles que presuntamente ha sido víctima de extorsión y chantaje para que la justicia no aclare, de una vez y por todas, un fraude de «dimensiones gigantescas» cometido por dos registradoras de títulos en La Vega, que han afectado sus propiedades.
Eduardo Collado dijo que esas registradoras, con actuaciones administrativas a todas luces fueras de las leyes y reglamentos inmobiliarios, las autoridades competentes han tratado de ocultar y buscarle una solución por la vía del chantaje y la extorsión, «que a nadie en nuestro país debe de extrañar por lo que estamos viviendo en materia de justicia».
Collado expresó que asombrosamente de una forma inexplicable en materia de derecho, este problema no se ha resuelto.
Informó que ante esa situación acudió el pasado mes de noviembre ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) donde presentó una denuncia, dirigida a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y al magistrado Wilson Camacho, con el fin de demostrar lo que ha estado denunciando.
Precisó que al no obtener respuesta depositó la querella el pasado jueves 4 de febrero, ante la procuradora general de la República, Miriam German Brito, bajo el expediente 000939, con la esperanza de que lo reciba para iniciar la comprobación de los hechos que denuncia.
Collado manifestó que en la querella figuran los nombres y apellidos de los integrantes de la «red mafiosa, donde hay seis fiscales, cuatro jueces de la jurisdicción penal y cuatro de la jurisdicción civil, cuatro registradores de títulos, dos abogados, un alguacil y dos notarios que se asociaron para despojarlo de su propiedad en componenda con un empresario».
El inversionista de Jarabacoa dijo que después de su denuncia en enero del año pasado la inspectoría del Poder Judicial ofreció declaraciones públicas anunciando que investigaría el caso, pero «nunca nos llamaron, no se investigó nada, ni siquiera le pusieron número al expediente que estaba denunciando».
Precisó que dirigió la denuncia al presidente del Consejo del Poder Judicial y a su vez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque después de haber agotado todos los recursos administrativos en la jurisdicción inmobiliaria, no se ha resuelto nada.
Collado pidió la atención del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antioliano Peralta, para que en virtud del decreto 33-21 emitido por el presidente Luis Abinader este mismo año, apodere al grupo de abogados comandados por el doctor Sidmund Freud, para que después de revisar todo el proceso administrativo del caso que tiene procesos civiles, penales e inmobiliarios, le pueda dar una explicación exacta y verídica sobre el conflicto al mandatario, y le dé al país una información de lo que esto ha generado y donde se ha puesto en peligro la seguridad jurídica.
Señaló que se pone a disposición de cualquier medio de comunicación o programa de investigación que quiera documentar para profundizar ese proceso y «desenmascarar esa mafia con raíces profundas en el sistema de justicia».
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