Santo Domingo (República Dominicana).- El procurador adjunto Juan Medina de los Santos confirmó que la Inspectoría General del Ministerio Público realiza una investigación disciplinaria contra la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, por el presunto manejo “irregular” del caso del narcotraficante César Emilio Peralta “César el abusador”.
Igualmente, por denuncias sobre compras y contrataciones de la Fiscalía del Distrito Nacional, así como de otras acciones.
Medina de los Santos dejó claro que hace referencia a la investigación porque la decisión de abordar los temas internos sobre el proceso la tomó primero Ramos, con un documento que entregó a la prensa y que luego hizo llegar a la Procuraduría General de la República.
Sostuvo que seguirá cumpliendo con su deber apegado a las normas y adelantó que dejará de referirse a ese caso en específico para permitir que las investigaciones internas sigan su curso.
Medina de los Santos negó que la Inspectoría General del Ministerio Público busque silenciar a los fiscales, “como de forma aviesa”, plantea Ramos en un documento que depositó a las 8:59 de la mañana de este lunes en la Secretaría General del Ministerio Público, pero que ya estaba reseñado por la edición impresa de un matutino.
Ramos, en una comunicación dirigida a la procuradora Germán Brito, solicitó iniciar una investigación en contra de Juan Medina por presuntamente incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora, en prácticas de acoso moral y laboral en su contra, y aduce que ello constituye un delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal.
Destacó que en el caso de la fiscal del Distrito Nacional, como con otros integrantes del Ministerio Público, solo cumple con sus obligaciones legales de agotar las investigaciones disciplinarias internas correspondientes.
En ese contexto, valoró el hecho de que, desde que inició su gestión al frente del Ministerio Público, la magistrada Miriam Germán Brito dejó claramente establecido que los fiscales pueden y tienen el deber de rendir cuentas a la ciudadanía sobre los casos que manejan, aunque siempre de manera oportuna y sin afectación de derechos de las partes involucradas.
“A diferencia de la gestión pasada de la Procuraduría General, en la que se prohibió expresamente a los fiscales, mediante una orden escrita, ofrecer cualquier declaración a la prensa, ahora lo que todos valoramos es un clima de respeto y apertura institucional”, dijo al referirse a una instrucción impartida por el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, en fecha 4 de abril de 2017.
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