Santo Domingo (República Dominicana).- Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dieron inicio este jueves al juicio en el caso en contra de los seis acusados de recibir sobornos de los 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado para obtener contratos de obras públicas.
Las magistradas Esmirna Gisselle Méndez, presidenta del citado tribunal, Tania Yunes y Jissel Naranjo, otorgaron la palabra al Ministerio Público para presentar la acusación en contra de los imputados.
La audiencia continuará el jueves 12 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
Previamente, las magistradas Méndez, Yunes y Naranjo, rechazaron a unanimidad un incidente planteado por la defensa del imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, en el que pedía declarar nula la acusación bajo el alegato de que fueron violados derechos fundamentales de su defendido.
Además, los abogados de los imputados alegaron que con la modificación de la calificación que realizó el juez de la instrucción se excluyeron algunos hechos, lo cual fue rechazado por el tribunal tras explicar que en la decisión de envío a juicio no fueron variados los hechos de la acusación.
Los representantes del Ministerio Público deberán indicar los hechos y las pruebas en contra de los imputados Ángel Rondón Rijo, el exministro de Obras Públicas, Víctor José Díaz Rúa, los exlegisladores Andrés Bautista García y Tommy Alberto Galán, Conrado Pittaluga Arzeno, y al exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA), Juan Roberto Rodríguez Hernández, acusados de los sobornos de Odebrecht.
Más temprano, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso la lectura de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los seis acusados de recibir sobornos de los 92 millones de dólares que la empresa Odebrecht admitió haber pagado para ser favorecida con contratos de obras públicas.
La decisión fue adoptada luego de que el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y declarara inadmisible un recurso de oposición presentado por la defensa del imputado Conrado Pittaluga contra una decisión del tribunal que le rechazó un incidente para la nulidad del proceso.
Los representantes de Pittaluga justificaban su petición en la interceptación del teléfono de su hijo Conrad Pittaluga, coordinador de la defensa, alegando que con ello se violó el derecho a la privacidad de su defendido y se incurrió en un fraude procesal.
El órgano acusador argumentó que el pedido carecía de base legal, ya que fue presentado previamente y rechazado en otra fase del proceso, por lo que, en consecuencia, estaba fuera de lo establecido en la ley y no está contenido en ninguna otra norma que le sirva de base.
Indicó que el recurso carece de fundamento ya que no existe ninguna evidencia de que el Ministerio Público haya interceptado el teléfono y en consecuencia haya afectado derechos fundamentales de su defendido, como consta en una certificación de la empresa telefónica Claro, que fue emitida por disposición del Tribunal Constitucional luego de acoger un recurso de habeas data interpuesto por Conrad Pittaluga.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, advirtió que “no hay un solo artículo en el Código Procesal Penal que permita la anulación de la acusación, ya que las consecuencias de una acusación como las consecuencias del juicio no conducen a la nulidad de ese escrito”.
“Este tribunal tiene que conocer esta acusación. La defensa lo que ha hecho hasta ahora es correr como el diablo a la cruz a la presentación de la acusación, pero esta tiene que conocerse y salir de este tribunal con una condena o con un descargo, porque es lo que establece la ley”, afirmó el magistrado Camacho.
Además del procurador adjunto, el Ministerio Público está representado por los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como por los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
Por este caso de corrupción, además de Pittaluga están acusados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez, cuyas defensas se adhirieron a cada uno de los pedimentos.
Luego de la decisión, las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron el inicio del juicio en contra de los seis encartados.
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