Por Sandra Rodríguez Cotto
San Juan (Puerto Rico).- A poco más de 3 años de los controvertibles y mediáticos arrestos de los manifestantes que protestaron en La Parguera por la construcción ilegal en la caseta de los suegros de la hoy gobernadora, Jennifer González, el martes comienza el juicio en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.
Se trata de un caso altamente controvertido, largo, que culminó con la imposición de una fianza global extraordinaria de casi $600,000, que vincula a figuras del gobierno, a diversas agencias estatales y federales, y más que nada, ejemplifica una de las luchas ambientales más fuertes de los últimos años: la oposición a que sigan construyendo de manera privada en una reserva natural y en la playa.
El juicio será ante la sala de la jueza superior Vilmary Ortiz Pardo, e involucra a tres de los seis acusados que decidieron seguir el proceso judicial. Otros tres que fueron arrestados, se declararon culpables para no tener que seguir con el castigo de tener que usar grilletes electrónicos por más de dos años, sin una sentencia final.
El martes 22 de septiembre irán a juicio Francesca Vélez Ramírez, Juan Edil Rodríguez González y Sheila Mejía Luciano. Esta última es la esposa del hoy senador por nominación directa, Eliezer Molina. Todos son representados por reconocidos abogados criminalistas.
A Mejía Luiciano le impusieron una fianza de $50,000 y es representada por el licenciado Gabriel Olivieri Miranda; Rodríguez González también tuvo una fianza de $50,000 y es representado por José Silva Riollano, y a Vélez Ramírez, quien recibió duros golpes de oficiales de la policía el día del arresto, le impusieron $75,000 de fianza, y la representa el licenciado Oscar Martínez Borrás.
Los tres fiscales del caso son Vanessa Rivera, Andy Rodríguez y Rosa Acevedo. Además, ya se certificaron los 12 miembros del jurado y tres suplentes.
El juicio será transmitido en vivo por las plataformas del Poder Judicial y por la prensa independiente.
LOS OTROS ACUSADOS
Hubo tres acusados que no siguieron con el proceso. Los arrestados Pedro Mangual e Imalay Arroyo, a quienes la jueza Vázquez les había impuesto fianzas extraordinarias de $100,000 a cada uno, tenían grilletes electrónicos. En múltiples entrevistas con este medio, y en el programa radial En Blanco y Negro con Sandra, ambos imputados dijeron estar afectados emocionalmente por sus grilletes, que les limitaban su vida cotidiana. Ambos calificaron su arresto como una fabricación, pero al final, aceptaron culpabilidad para que les quitaran el grillete.
La joven Iona Fournier Gómez decidió declararse culpable hace unos meses para evitar que le impusieran un grillete, porque se le hacía económicamente imposible transportarse a las vistas en el tribunal de Mayagüez y por lo atropellado del proceso. A ella la jueza Vázquez le impuso la mayor fianza, de $200,000.
CASTIGO EJEMPLAR SIN JUICIO
Este caso empezó con la protesta en La Parguera el 9 de julio de 2023. A pesar de la gran cantidad de manifestantes y del enorme contingente de policías de unidades tácticas y otras en el lugar de los hechos, hubo solo 6 arrestados. Pero desde el principio se detallaron irregularidades en el proceso.
Una fue la imposición de la fianza global de casi $600,000 y que no se celebraron vistas porque los tres policías que testificaron, lo hicieron mediante declaraciones juradas.
En aquel momento la jueza Vázquez, que fue la que tomó esa decisión, estaba buscando que la nominaran al ascenso de magistrada municipal a jueza de primera instancia. Según informaciones extraoficiales, esta jueza que mantiene páginas en redes sociales como Facebook, ha hecho gestiones para lograr mantener el cargo, pero no será renominada.
Además del castigo ejemplar que se impuso con las fianzas, en esa misma zona de La Parguera se estaban cometiendo varios delitos que la Policía no investigó ese día, y que los manifestantes denunciaron. Uno de esos fue que removieron el contador eléctrico de la caseta de los suegros de la gobernadora, lo cual es ilegal, pero la Policía no actuó. Se trató del nuevo modelo Focus XR SD con el número de medidor 95 505401 que fue colocado por LUMAEnergy a nombre de Carmen Collado Pacheco.
Otro cuestionamiento surgió en julio de 2024 cuando publicamos vídeos donde la jefa de fiscales de Mayagüez, Blanca Portela, y otros fiscales amedrentaron testigos de defensa en el caso de La Parguera, lo que violó cánones de ética.
ACCIONES POSTERIORES A LOS ARRESTOS
En enero de 2025 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió una certificación que confirmaba que la casa y el muelle de la familia de la gobernadora González en La Parguera, son ilegales. Pero ese mismo día el presidente de la Cámara de Representantes, Johny Méndez, presentó el proyecto 25 para ajustar la ley de Puertos, legalizar y redefinir qué constituye una Zona Marítimo Terrestre y cuál puede ser su uso. Esa medida legalizaría la caseta de los suegros de la gobernadora. La medida fue criticada por potencialmente violar leyes federales y por su impacto en la legalidad y conservación de los recursos naturales.
Cabe recordar que la gobernadora designó como secretario del DRNA a Waldemar Quiles, hijo. A las dos horas de su nombramiento, el nuevo secretario archivó los casos administrativos en beneficio directo a suegros de la gobernadora.
Quiles dejó sin efecto 22 querellas que había ante la Oficina de Examinadores y Jueces Administrativos existentes sobre trabajos donde enclavan las casetas de La Parguera. Una de esas querellas corresponde a los suegros de la gobernadora.
Los suegros de la gobernadora, José del C. Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, enfrentaban cargos por construcción ilegal, relleno de mangle y daños ambientales en la Reserva Natural de La Parguera desde 2023. Con la acción del secretario Quiles, se integrarían esas estructuras “legalmente” mediante concesiones, permitiendo que otros propietarios en la zona también legalicen sus construcciones no autorizadas pagando un canon. Esa acción ha sido ampliamente criticada por expertos que la catalogan de ilegal, ya que el reglamento del DRNA prohíbe viviendas residenciales en la ZMT.
En una de sus primeras acciones como legislador, Eliezer Molina refirió a las autoridades federales una serie de crímenes ambientales en La Parguera. Luego, en marzo de 2025 las autoridades federales actuaron: El Cuerpo de Ingenieros de los EEUU emitió dos órdenes de cese y desista por construcciones ilegales. Muchos otros eventos han sucedido desde entonces. Esto se verá en el proceso judicial que comienza el martes.
