Redacción (ONU-PRESS).- Los Gobiernos deben promover y proteger el acceso y el flujo libre de información durante la pandemia del coronavirus, han asegurado un grupo de expertos internacionales en derechos humanos.
“El derecho a la vida fundamental y no derogable está en juego, y los Gobiernos están obligados a garantizar su protección. La salud humana depende no solo de una atención médica fácilmente accesible. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a uno mismo, a su familia y a su comunidad”, afirmaron en un comunicado conjunto.
El derecho a la libertad de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio, se aplica a todos, en todas partes, y solo puede estar sujeto a restricciones limitadas.
Información accesible
Según los defensores de los derechos humanos de la ONU y otras organizaciones, los países están obligados a proporcionar información confiable en formatos accesibles para todos, especialmente aquellos con acceso limitado a internet o con alguna discapacidad.
“El acceso a internet es crítico en tiempos de crisis. Es esencial que los Gobiernos se abstengan de bloquear el acceso a internet. En aquellas situaciones en las que Internet ha sido bloqueado, los Gobiernos deberían, con carácter prioritario, garantizar el acceso inmediato al servicio más rápido y amplio posible”
Especialmente en un momento de emergencia, cuando el acceso a la información es de importancia crítica, las restricciones amplias sobre el acceso a Internet no pueden justificarse por orden público o por razones de seguridad nacional, explicaron los expertos.
Proteger a los periodistas
Agregaron que además los Gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas.
“El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, particularmente cuando su objetivo es informar al público sobre información crítica y supervisar las acciones gubernamentales. Instamos a todos los Gobiernos a implementar de manera sólida sus leyes de libertad de información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la información”, se lee en el comunicado.
Disipar la información falsa
Los expertos expresaron su preocupación porque la información falsa sobre la pandemia pueda generar problemas de salud, pánico y desorden, y pidieron a los Gobiernos y empresas de internet que aborden esta desinformación.
“Eso puede venir en forma de mensajes públicos robustos, soporte para anuncios de servicio público y soporte de emergencia para la difusión pública y el periodismo local (por ejemplo, a través de anuncios de salud del gobierno)”, afirmaron.
De acuerdo con las organizaciones, entre las que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recurrir a otras medidas, como la eliminación de contenido y la censura, puede limitar el acceso a información importante para la salud pública y solo debe llevarse a cabo cuando cumplan con los estándares de necesidad y proporcionalidad. Cualquier intento de criminalizar la información relacionada con la pandemia puede generar desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información confiable y tener un efecto negativo en la libertad de expresión.
Proteger la privacidad
Existe un uso creciente de herramientas de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus.
“Si bien entendemos y apoyamos la necesidad de esfuerzos activos para enfrentar la pandemia, también es crucial que tales herramientas tengan un uso limitado, tanto en términos de propósito como de tiempo, y que los derechos individuales a la privacidad, la no discriminación y la protección de los periodistas”, afirmaron.
Los expertos añadieron que las fuentes periodísticas y otras libertades deben protegerse rigurosamente. Asimismo, los estados también deben proteger la información personal de los pacientes.
“Recomendamos encarecidamente que cualquier uso de dicha tecnología cumpla con las protecciones más estrictas y solo esté disponible de acuerdo con la legislación nacional que sea coherente con las normas internacionales de derechos humanos”, concluyeron.
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