Santo Domingo (República Dominicana).- Jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron garantías económicas, como medida de coerción, a propietarios y representantes de armerías arrestados durante la Operación Armum ejecutada por el Ministerio Público por comercializar armas de fuego y pertrechos de manera ilícita.
Contra Braulio Veras Rodríguez fue impuesta una garantía económica ascendente a la suma de 4 millones de pesos, a Henry Leónidas Tejeda Peralta por un monto de 3.5 millones de pesos y a Alexis Díaz Rodríguez una 3 millones de pesos, todas por contrato de fianza a través de una compañía aseguradora.
También, fueron impuestas garantías económicas de 2 millones de pesos a Manuel de los Santos Acevedo y a Jonathan Méndez Decena. Mientras que Wilmer Brahian Florentino o Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada deberán presentar garantías por un monto de 1 millón de pesos, bajo la misma modalidad.
A todos los imputados les fueron impuestas medidas de coerción, así como impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación.
La Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, que encabeza la procuradora adjunta Sourelly Jáquez; la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional procesaron cargos contra los imputados y solicitaron la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El caso también involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
El fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, luego de concluida la audiencia, dijo que a todos los imputados les fueron impuestas medidas de coerción.
“El Ministerio Público ha hecho una labor de cara a la actividad de la persecución penal estratégica en consonancia con los lineamientos de la procuradora general de la República, por lo tanto, reconoce que es un caso importante y manda un mensaje a las entidades que se están dedicando a esa actividad ilícita”, dijo Mena con relación a la persecución de esos hechos.
Mena representó al Ministerio Público en la audiencia junto procurador fiscal Natiaski Marmolejos, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien impuso las medidas de coerción, acogió la calificación jurídica que el Ministerio Público otorgó al caso de violación a lo establecido en los artículos 66, párrafo, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican “la tenencia ilícita, el acopio o almacenamiento ilícito de armas de fuego y municiones, intermediación ilícita”.
La magistrada Veloz, ayer domingo, se reservó para este 7 de septiembre, el fallo sobre la solicitud de imposición de medida de coerción formulada por el Ministerio Público.
Por esos hechos, los imputados enfrentarán penas de entre 10 a 20 años de prisión.
La resolución fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal apoderado del control de la investigación.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este también impuso medidas de coerción, consistentes en garantía económica de medio millón de pesos, igualmente, por contrato, presentación periódica e impedimento de salida del país, contra los imputados María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esta jurisdicción las pesquisas se realizan conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Este.
Por el caso también son investigadas en ese distrito judicial las armerías Los Héctor y Joso Eirl.
El Ministerio Público desplegó el pasado martes, 1 de septiembre, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, la Operación Armum, la cual incluyó 18 allanamientos en el Distrito Nacional y otras ciudades del país contra armerías que operan de manera irregular en el territorio nacional.
Durante la operación fueron desplegados 25 fiscales, 190 agentes policiales, 19 inspectores de Defensa y 19 de Interior y Policía para realizar allanamientos en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este a negocios que comercializaban armas de fuego y pertrechos de manera ilícita.
Dentro de las acciones ilícitas encontradas resaltan: operar sin ningún tipo de licencia, operar con licencias vencidas, realizar trabajos de taller sin licencia para hacerlo, intermediar para comercializar sin licencia y retención ilícita de armas de fuego de terceros.
En el transcurso de los allanamientos practicados fueron ocupadas aproximadamente 200 armas de fuego largas, cortas tipo pistola y revólveres, incluyendo una cantidad considerable sin ningún tipo de documentación ni constancia de su origen.
También, fueron ocupadas armas de fuego de terceros acopiadas de manera ilícita, aproximadamente 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje, lo que evidencia que fueron traficadas hacia República Dominicana de manera ilícita.
Además, se ocuparon armas de guerra y de uso prohibido en el país, miras telescópicas, mira láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor, armas modificadas o alteradas, así como también pertrechos de agencias de investigación del Estado, sin los debidos permisos, entre otras ilicitudes.
El trabajo de investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, que dirige la procuradora de corte Maura Martínez, y del mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo, director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional.
La operación forma parte de la estrategia integral de República Dominicana para el control de las armas de fuego y sus pertrechos, conforme a la ley.
