Los accidentes de tránsito siguen ocurriendo como pólvora en el país acumulando, años tras años, altas cifras de muertos. En una enfermedad a la espera de un antídoto efectivo.
Esas tragedias preocupan. Son desenlaces frecuentes en la República Dominicana, que enfrenta uno de los números más elevados de esa eventualidad en la región latinoamericana.
Revisé archivos periodísticos sobre la tasa, por año, de mortalidad de esos hechos y el resultado es aterrador. Veamos algunas estadísticas:
Año 2023: se reportaron 2,949 fallecidos; en el 2022 hubo 2,921; en el 2021 un registro de 3,416; y 2,938, en el 2020, disminución en este último caso atribuida a las restricciones por el virus Covid-19. Las principales causas fueron por exceso de velocidad (35%); consumo de alcohol (20%); imprudencia de conductores y peatones (25%); fallas mecánicas y malas condiciones viales (10%).
En el 2024, unas 2,150 personas perdieron la vida mientras se desplazaban en las vías terrestres. Un saldo de 1,880 perecieron entre enero y diciembre, conforme a un recuento de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Las motocicletas se mantienen punteras como el medio de transporte en que anualmente fallecen más personas, sumando 1,513 decesos. Al cierre del pasado año, tenemos circulando 3,531,967 de esas máquinas, de una flotilla de 6.1 millones de vehículos de motor asentados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Ese censo de motoras representa un incremento del 7.7% respecto al año 2023, equivalente a 251,321 unidades adicionales. Es decir, a diciembre de 2024, el 57.0% de los vehículos de motor corresponde a motocicletas, el 18.7% a automóviles, el 8.9% a vehículos de carga y el 3.5% restante se distribuye entre autobuses, máquinas pesadas, volteos y otros.
Cabe señalar que las disposiciones de prevención que se implementan en República Dominicana, sugeridas por organismos internacionales, al parecer, no calan en la conciencia de los conductores inadaptados.
Estas iniciativas son: endurecimiento de las leyes de tránsito y aumento de multas, campañas de concienciación sobre el uso del casco y cinturón de seguridad, mayor fiscalización de conductores bajo efectos del alcohol; implementación de radares y cámaras de vigilancia en puntos críticos.
Las calles están llenas de automovilistas que manejan como salvajes. Son inadaptados sociales que muestran un manejo temerario, principalmente camioneros y motoristas, que ponen en riesgo muchas vidas.
En ese contexto, presenciamos un grave panorama de educación vial en el que están involucrados la mayoría de los ciudadanos que conducen vehículos de motor y los peatones.
Existe la cultura de resistirnos a respetar las leyes. Es una calamidad que automovilistas transiten borrachos o drogados, lo que justifica que se continúe aplicando con todo el rigor las pruebas de alcoholímetro y antidopaje.
El marco legal de esa materia en la República Dominicana está definido por la Ley No. 63-17. La implementación de radares digitales es un gran comienzo para captar a los que se desplazan a toda velocidad. Esa decisión es un esfuerzo por reducir las colisiones viales, promover una cultura de respeto a las normas de tránsito, mejorar y optimizar la fiscalización sin necesidad de intervención directa de los agentes en el tráfico.
Debe darse seguimiento al cumplimiento de las multas. Desde octubre de 2024 rige un glosario de las tarifas que oscilan entre mil y RD$1,667, dependiendo de la violación.
Algunas de las infracciones sancionadas a conductores y transeúntes con RD$1,000 son las siguientes: “No cruzar por los puentes para peatones, conducir un vehículo con exceso de pasajeros, transportar más de dos pasajeros en el asiento delantero, no tener marbete actualizados, llevar bultos que obstaculicen la retrovisión al conductor, tirar desperdicios en la vía pública, no detener la marcha cuando un vehículo escolar está montando o desmontando escolares, pararse en la calzada para ofrecer ventas de productos de cualquier clase.
También, transitar sin casco protector, con luces apagadas o las luces altas en calles alumbradas, no llevar luz roja en parte posterior, no tener luces direccionales, transitar en vehículo con guías a la derecha, no tener parabrisas, no tener espejo retrovisor, producir ruidos innecesarios, no tener silenciador de tubo de escape, circular sin placa, conducir sin portar licencia, con licencia vencida de categoría inferior con permiso de aprendizaje o fotocopia, y otras.
La penalización de 1,667 pesos se adopta por circular con niños en asiento delantero, transitar sin cinturón, conducir a exceso de velocidad y manejo temerario, conducir en estado de embriaguez, violar la luz roja y hablando por un teléfono celular.
La generalidad de esas reglas son irrespetadas. Pienso que el castigo más efectivo para hacer cumplir la ley No. 63-17 es cuando se afecta el bolsillo de las gentes. Si no se pagan las multas, entonces lo ideal sería que estas sean transferidas a la DGII y cobrarlas el día de la renovación del marbete.
Se trata de un asunto muy grave, que debe considerarse como una emergencia nacional. ¿Es difícil solucionar esa tarea? No lo creo. Bastaría con mantener campañas permanentes de concienciación mediática y aplicar el régimen de consecuencias, aunque tenga un costo político.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
