Santo Domingo (República Dominicana). El Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la República suscribieron un nuevo Protocolo para la Persecución de los Consorcios o Bancas de Loterías, de Apuestas Deportivas, Máquinas Tragamonedas, Juegos por Internet, Jugadas Ambulatorias con Dispositivos Móviles y otras modalidades no autorizadas.

El acuerdo, rubricado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y la procuradora general Miriam Germán Brito, tiene como objetivo lograr una fiscalización y persecución para evitar que los operadores de establecimientos de juegos de azar realicen sus actividades al margen de las normativas legales vigentes.

La ejecución y seguimiento directo de la aplicación del protocolo estará a cargo de los titulares del Viceministerio del Tesoro de Hacienda y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, quienes propondrán los mecanismos interinstitucionales para la debida aplicación y fijarán los enlaces operativos correspondientes para el cumplimento de lo acordado.

«Con la puesta en marcha de este protocolo se busca reforzar la fiscalización, investigación y persecución de la proliferación indiscriminada y no autorizada de máquinas tragamonedas, consorcios o bancas de loterías y de apuestas deportivas, en el marco de las respectivas competencias del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público, por los efectos nocivos que estas causan a nuestra sociedad», enfatizó Jochi Vicente.

De su lado, Germán Brito planteó que la proliferación indiscriminada de bancas de loterías, de apuestas y máquinas tragamonedas se ha constituido en un grave problema para la economía familiar y un peligro para la integridad psicológica de niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces se instalan en lugares visitados por menores.

«Este acuerdo sustenta las bases para el control de los juegos de azar que no cuentan con la debida autorización legal en el país. El éxito de esta labor depende del trabajo conjunto y armónico entre el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda», agregó.

Lo acordado

El protocolo mejora considerablemente la aplicación y tramitación de procesos legales que estaban establecidos en otros acuerdos firmados entre ambas instituciones en años anteriores, dice una nota de prensa conjunta del Hacienda y la Procuraduría.

El mismo fortalecerá el rol del Ministerio Público de mayor dirección del proceso y la custodia de bienes incautados y partidas monetarias como medios de prueba en la instrumentación de procesos judiciales, para obtener sentencias condenatorias que reflejen responsabilidad.

Para tales fines, se designará un procurador fiscal en cada distrito judicial, que se encargará del tratamiento y ejecución del protocolo y determinará la necesidad de someter a cualquier infractor a la acción de la justicia.

«En casos de operaciones clandestinas, el Ministerio Público, al momento de recibir el requerimiento del Ministerio de Hacienda, procederá a solicitar autorización judicial ante el juez competente, a fines de allanamiento e incautación, procediendo a coordinar con el miembro del Ministerio de Hacienda correspondiente, fecha y hora en que se ejecutará dicha decisión judicial, para garantizar su presencia», explica la nota.

Precisa que en las actuaciones de los procuradores fiscales los inspectores de Hacienda firmarán, en calidad de testigos, el acta de incautación y cierre de local.

“Los inspectores deberán denunciar a los infractores ante el Ministerio Público, quien actuará de acuerdo con las previsiones legales que rigen la materia”, aclara.