Santo Domingo (República Dominicana).- El dirigente político Guido Gómez Mazara depositó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dos nuevos contratos firmados por Gonzalo Castillo durante su gestión como ministro de Obras Públicas, y sus respectivos addendum relativos a las obras de las carreteras Cibao-Sur y la de Bávaro-Uvero Alto-Sabana de la Mar, y la construcción de un terminal portuario en Sabana de la Mar.
Gómez Mazara opinó que los montos de ambas obras ameritan una investigación responsable porque 72,647,946.82 de dólares realizada con el Consorcio Cibao-Sur el 26 de octubre del 2016 y la de Bávaro-Uvero Alto- Sabana de la Mar de US$104,720,903.07 del 31 de agosto del 2015, nunca han sido objeto de las dilingencias procesales que tipifican todo el proceso relativo a la compañía constructora brasileña.
Planteó que Vasconcelos Cruz es la persona que aparece rubricando junto a Castillo ambos contratos para que por las vías administrativas y financieras se autorizaran los desembolsos, pero que en todo el proceso de delación, el funcionario de la empresa constructora admitió que en el país desde la oficina de operaciones estructuradas de Odebrecht se pagaban sobornos a funcionarios dominicanos para los contratos, lo que hace extraño que esas modalidades de corrupción no motivaran al Ministerio Público a citar al hoy candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Gómez Mazara reiteró que el ocultar y/o nunca acceder a la documentación donde aparecen los contratos de agosto del 2015 y octubre del 2016 entre el Ministerio de Obras Públicas y Odebrecht resulta sospechoso debido a que, en los archivos de la entidad pública, la prueba entre Vasconcelos Cruz y Castillo transformarían el sentido de un proceso acusatorio que siempre intentó dejarse en el año 2012 para que los «nuevos» elementos presuntamente no alcanzaran a funcionarios de la administración del presidente Danilo Medina.
El también abogado y profesor universitario señaló que un Ministerio Público cómplice ocultó pruebas y nunca pretendió encontrar la documentación que deposita ante la PEPCA por los elementos incriminatorios y que intentando esquivar la inclusión de todos los responsables se generó la sensación de que estableciendo hasta el año 2012 las vinculaciones con Odebrecht, podrían ser procesables los que no colindaba en ejercicio gubernamental de Medina.
Reiteró que su nueva acción ante la PEPCA constituye un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos como los de Odebrecht, «sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional», y que deposita toda la documentación ahora porque la sociedad siempre tuvo sospechas sobre el «están todos los que son», y que dicho grito en voz del procurador tenía el interés de excluir a determinadas figuras de la vida nacional.
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