Estudian las experiencias de seis gobiernos locales de la región sur con énfasis en el proceso de construcciones de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal.
Santo Domingo (República Dominicana).- Los Gobiernos Locales no cumplen cabalmente con lo estipulados de la Ley No. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones en los ayuntamientos.
Ese fue uno de los hallazgos del “Compras y Contrataciones Públicas en los Gobiernos Locales: Un Desafío de los Municipios en el Siglo XXI”.
La investigación la realizaron las organizaciones de la sociedad civil Participación Ciudadana, en alianza con el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (CEPAE).
En la indagación se hizo énfasis en el proceso de construcciones de obras públicas consignadas en el presupuesto municipal en los municipios: Azua, Baní, Barahona, San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana.
Entre los hallazgos se destaca la ausencia de información en los portales institucionales y de publicidad en las convocatorias.
También que las obras no van a concurso, la contratación de proveedores no registrados en la lista de proveedores del Estado, y el fraccionamiento del costo de las obras.
Sobre los descubrimientos, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, expresó: “los resultados de este estudio conducen a retos y desafíos para garantizar la implementación y cumplimiento de las recomendaciones que contiene”.
Recordó que los Gobiernos Locales tienen el desafío de la ejecución de disposiciones normativas.
Cuando se trata de las contrataciones públicas, el nivel de impulso e incidencia en las organizaciones sociales se debe redoblar para evitar el despilfarro y la corrupción”, dijo.
La economista e investigadora Guadalupe Valdez, quien presentó los hallazgos, que sólo dos de los seis ayuntamientos cumplen con la disposición del artículo 68 de la Ley 488-08 sobre Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), que establece a todas las entidades contratantes, que al momento de hacer su presupuesto deben reservar el 20 % para asignarlo a compras y contrataciones a través de MIPYMES.
En cuanto a la sociedad civil, detectaron que esta tiene poco conocimiento de la Ley No. 340-06, que los munícipes no son debidamente informados sobre los procesos por parte de los ayuntamientos y que las autoridades locales no dan participación a la comunidad en la selección de las obras, lo que complica ejercer veeduría social.
Recalcó la necesidad de continuar con las investigaciones para conocer nuestra realidad y así reclamar el cumplimiento de la Ley sobre la base del dato científico de la evidencia; y se necesita de capacitación para conocer los procesos y fortalecer la capacidad de incidencia de los diferentes actores.
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