Redacción (Telesur).- El Gobierno de Perú dio a conocer este miércoles que autorizó el ingreso a territorio de dicho país de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).
Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.
Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Los militares estadounidenses llegarán al país suramericano en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1ro. de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida, para tomar parte en la maniobra “Resolute Sentinel 2023”.
El ingreso de los militares fue aprobado por el Congreso peruano el 19 de mayo pasado. En esa instancia la iniciativa recibió el voto favorable de los legisladores de extrema derecha y el centro. Solo se opuso la bancada de izquierda, cuyos integrantes coincidieron en que la medida pondrá en riesgo la soberanía nacional y no garantizará la seguridad del país.
Tras el debate legislativo, el excanciller Héctor Bejar condenó el hecho y valoró que no resulta casual que vaya a ocurrir a partir de junio próximo. Recordó que en Perú hay “un Gobierno espúreo, resultado de un golpe de Estado y autor de 70 muertes”, ocurridas durante las protestas contra la mandataria designada Dina Boluarte.
Consideró que la presencia de los militares “es un disuasivo, parte de una política de atemorizamiento del pueblo peruano que ha anunciado nuevas protestas para julio próximo”.
La decisión del Ejecutivo y el Legislativo también fue cuestionada por otros referentes. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), Gerónimo López, calificó este hecho de injerencia extranjera inadmisible y aseguró que encubrirá la presencia en la región de bases militares de Washington.
Por su parte, la exministra de la Mujer, Anahí Durand, opinó que la decisión de Boluarte socava la soberanía nacional y sigue a la entrega al capital extranjero del litio y otros recursos.
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