Por Rafael Méndez
El gobierno interventor de los Estados Unidos en la República Dominicana (1916-1924) sentó las bases para la acumulación originaria en todas las ramas armadas, el cuerpo del orden y los organismos de seguridad del Estado, a partir de establecer e institucionalizar el acceso a ingresos extraordinarios de los uniformados que alcanzaran el primer eslabón de oficiales superiores.
Esa bien pensada estrategia que se propuso establecer el gobierno interventor buscaba convertir en estamentos de clase, vale decir, castas que se sientan parte del estado burgués, del desarrollo capitalista, que se proponían establecer en la República Dominicana, ya que un cuerpo de formado por harapientos, no podía defender, ni muchos menos sentirse parte, de la estructura económica capitalista que se proponían desarrollar.
De acuerdo con el profesor Juan Bosch, en su libro «La Guerra de la Restauración», esa desigualdad social se le estrellaba en la cara a ese ejército de harapientos, «mientras que los comerciantes, que no iban a la guerra, vivían en la abundancia o por lo menos con ciertas comodidades» …» que, en el caso de los más prósperos, se piensa que debían ser ricos o acomodados».
Bosch cita al brigadier Antonio Peláez Campomanes, que en su «Memoria de la parte Española de la Isla de Santo Domingo», establece que el ejército dominicano iba a la guerra contra Haití «descalzos, medio desnudos, y sin más provisiones que algunas galletas, que por extraordinario les da el Gobierno, se mantienen con caña de azúcar, plátanos, boniatos (batatas), ñames y otras raíces que abundantemente produce sin cultivo del terreno».
Y añade: «Consecuente con esta penuria es que no pudiendo el Gobierno recompensar con pensiones ni buenos sueldos a sus servidores, se ha visto en la necesidad de no escasear los títulos miliares para premiar las acciones notables al frente del enemigo…pasan esos habitantes de coroneles, generales y almirantes, y vuelven a su oficio de ganar sus subsistencia, sin que extrañe ver a cada paso antiguos oficiales de la mayor graduación ejerciendo la profesión de carreteros o destapando barriles en casas de comercio».
El vicealmirante Eurípides Antonio Uribe Peguero, en su libro «Militares y Autoritarismo, establece que «en el momento de la entrada de las tropas norteamericanas en el 1916 la República Dominicana contaba con 416 generales y 479 coroneles, pero la mayoría eran generales y coroneles auto designados y no correspondían a un esquema militar organizado».
En el mismo párrafo se advierte: «esos generales y coroneles provenían de las luchas montaneras que se desataron con el caudillismo regional, incrementado después de la muerte de Ramón Cáceres en 1911, quien los mantuvo satisfechos asignándoles partidas mensuales para que les garantizaran gobernabilidad. Eran los generales del Concho primo».
El mismo autor, en la referida obra, más adelante refiere que «la oficialidad de esta exagerada población de generales» (que pone entre comillas) se hacía con la asignación de una partida presupuestaria para el cuerpo de generales a las órdenes de la presidencia», mientras que una nota al pie indica que «en el Presupuesto de 1909, el presidente Ramón Cáceres asignó RD$20,000 para el pago de una nómina a los Generales de la Republica».
Origen de la acumulación originaria
Para algunos historiadores, la acumulación originaria se pone en práctica con la creación de la Guardia Nacional Dominicana, mediante la Orden Ejecutiva número 47, del 7 de abril de 1917, del gobierno militar de ocupación al mando del contraalmirante Harry Shepard Knapp, y se hace extensiva a la Policía Nacional a partir de su creación en 2 de marzo de 1936, y termina abarcando a todos los uniformados que alcanzan los mismos niveles en los organismos de seguridad.
Esa acumulación originaria, considerada algunos como «corrupción institucionalizada», se hace más ostensiva con la muerte del tirano el 30 de mayo de 1961, ya que «en todas partes, las fuerzas armadas forman la raíz y el tronco, de un Estado», como lo indica el profesor Juan Bosch, aunque «en su campaña contra la corrupción, Bosch, procuró forzar a los militares a vivir de manera exclusiva de sus salarios», según lo establece el periodista Piero Gleijeses, en su libro «La Esperanza Desagarrada».
El doctor Luciano Anzelini, en su libro «Imperialismo Informal Militarizado», un estudio de caso sobre las relaciones de Estados Unidos con la Guardia Nacional Dominicana, asegura que los organismos armados, de seguridad y el cuerpo, constituyeron un «imperio formal militarizado», creado para que se conviertan en la «continuidad de una guardia contributaria que había sido creada, pertrechada y conducida por oficiales estadounidenses durante el periodo de ocupación».
Y para que se vea más claro, la herencia que aún hoy día pervive, Brian J. Bosch, en su libro «Balaguer y los militares», recuerda que «el cuerpo de oficiales dominicanos de las décadas de los sesenta y setenta (que es la época que el autor analiza en su libro, nota de RM), fue una consecuencia directa de la ocupación de Infantería de Marina de los EEUU durante 1916-1924 y los treinta y un años de la dictadura de Trujillo».
(El autor es periodista y exdiputado residente en República Dominicana).
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