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Gobierno califica de terroristas medioambientales a aquellos que afecten los parques nacionales

En lo adelante, enfrentarán de 20 a 30 años de cárcel

Redacción por Redacción
2 de septiembre de 2026
en Destacadas, Medio Ambiente, Nacionales
Tiempo de lectura: 3 minutos de lectura
Gobierno califica de terroristas medioambientales a aquellos que afecten los parques nacionales
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Santo Domingo (República Dominicana).- El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica el combate al terrorismo medioambiental, estableciendo que las agresiones deliberadas contra los parques nacionales y los recursos naturales críticos recibirán una respuesta contundente con acciones drásticas y una persecución penal implacable.

A esos fines, el presidente Luis Abinader emitió este miércoles el decreto 615-26, dado a conocer por la Presidencia de la República en un acto de presentación de la normativa, celebrado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde el mandatario, catalogó como actos terroristas medioambientales aquellas acciones perpetradas por desaparición o daño sistemático a los parques nacionales.

Advirtió que habrá acciones más drásticas y persecuciones firmes contra nacionales dominicanos y extranjeros que incurran en estos ilícitos.

El mandatario señaló que durante décadas, los parques nacionales carecieron de la atención y la seguridad jurídica necesarias por parte del Estado e nformó que al inicio de su gestión, se constató con sorpresa que la mayoría de estas áreas protegidas ni siquiera contaban con títulos de propiedad a nombre del Estado, situación que ya comenzó a corregirse mediante un proceso de titulación nacional.

Igualmente, manifestó que gran parte de los incendios forestales registrados recientemente —como el ocurrido en el Parque Nacional de Bahoruco— son provocados por actividades ilícitas que no solo destruyen la flora y la fauna, sino que comprometen gravemente el suministro de agua y la seguridad alimentaria de la nación.

Ante la vulnerabilidad detectada en los marcos legales anteriores, donde los infractores frecuentemente quedaban en libertad a los pocos días, el Gobierno ha decidido actuar con la mayor contundencia y con el respaldo de las disposiciones legales y el nuevo Código Penal, las conductas que afecten los parques nacionales enfrentarán sanciones de 20 a 30 años de cárcel.

El presidente Abinader enfatizó que se han dado instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas, a la Dirección General de Migración y a los cuerpos de inteligencia, para que tanto los autores materiales —muchos de ellos nacionales haitianos— como los determinadores o patrocinadores de nacionalidad dominicana que los contraten o envíen, enfrenten exactamente el mismo peso de la ley, sin excepciones ni impunidad.

En el acto donde se dio a conocer el decreto estuvieron junto con el presidente Abinader, los ministros Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y el subconsultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Mairení Rivas

Puntos clave del Decreto número 615-26

Declaratoria de alto interés (Art. 1): Prioriza la prevención, detección e investigación del terrorismo medioambiental, definiéndolo como aquellos actos graves contra los recursos naturales y ecosistemas estratégicos que se equiparen a las normativas antiterroristas vigentes.

Activos protegidos (Art. 2): Otorga especial protección a los sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.

Coordinación institucional (Art. 3 y 4): Instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a diseñar una Política Nacional de Prevención y Combate orientada a neutralizar incendios forestales provocados y amenazas a la infraestructura hídrica y energética.

Persecución penal (Art. 5): Dispone la remisión inmediata de cualquier agresión al patrimonio ambiental ante el Ministerio Público para asegurar la acción penal correspondiente.

Participación ciudadana (Art. 6): Establece plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para garantizar la protección de los ciudadanos colaboradores de buena fe.

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