San Juan (Puerto Rico).- La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó este miércoles varias medidas dirigidas a beneficiar a la población correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico y a sus familias.
Vázquez Garced dijo que “todas estas medidas están dirigidas a seguir nuestro mandato constitucional para que nuestras instituciones penales sirvan de manera efectiva al tratamiento adecuado a su población para hacer posible su rehabilitación moral y social”.
Agregó que entre varios derechos, “los confinados tienen derecho a un trato humanitario, y aquí entra su debido acceso a los tribunales, mantener los vínculos familiares, y contar con facilidades o espacios para la reunión y la práctica religiosa, así como la visita de organizaciones y líderes o representantes religiosos”.
De su parte, el secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, agradeció a la gobernadora por la firma de las medidas y a la Asamblea Legislativa “por pensar en nuestros confinados”.
“Esta es una herramienta adicional para el sistema correccional, para poder afianzar ese proceso de rehabilitación que no es solo el deseo del Departamento, sino un mandato constitucional. Creo que mientras más herramientas nos provea la Asamblea Legislativa y la gobernadora estampando su firma, constituye en un beneficio directo para las confinadas y los confinados del sistema. Sé que serán muy bien recibidos dentro del sistema correccional. Hoy se hace historia para ellos”, señaló Rivera Juanatey.
La primera de las medidas, el Proyecto de la Cámara 2020, enmienda el “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” para que la agencia pueda suscribir acuerdos colaborativos con corporaciones sin fines de lucro de servicios sociales o religiosos para que en las instalaciones donde estas ubiquen, se designen o habiliten áreas desde donde se promueva el fortalecimiento de las relaciones entre la población correccional y con los miembros de la familia inmediata, amistades u otro personal de apoyo.
Igualmente, la mandataria firmó el Proyecto del Senado 1181 que enmienda “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”, para de extenderle a toda la población penal, sin diferenciarlos por el Código Penal bajo el cual fueron sentenciados y cumplen condena, la oportunidad de recibir las bonificaciones por buena conducta y asiduidad.
La medida, de la autoría de los senadores Miguel Romero y José Vargas Vidot, persigue poder incentivar la buena conducta de los confinados y que se cumplan las penas impuestas por los Tribunales de Justicia.
Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución, antes de la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como parte de un programa de rehabilitación o disfrutando de libertad bajo palabra, que observe buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia, las cuales se computarán desde su admisión a la institución de que se trate o desde que se concede la libertad bajo palabra: por una sentencia que no excediere de 15 años, 12 días en cada mes; o por una sentencia de 15 años o más, 13 días por cada mes.
Además, toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución, con posterioridad a la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o privada como parte de un programa de rehabilitación o disfrutando de libertad bajo palabra, que observe buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia: por una sentencia que no exceda 15 años, 6 días en cada mes o por una sentencia de 15 años o más, 7 días por cada mes.
Se excluye de las bonificaciones toda condena que apareje pena de reclusión de 99 años, toda condena que haya dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, conforme establecen el Código Penal de 1974, de 2004 y el Código Penal vigente, la condena impuesta en defecto del pago de una multa y aquella que deba cumplirse en años naturales.
La gobernadora también firmó la Resolución Conjunta del Senado 462 que ordena al Departamento de Corrección establecer un programa piloto de visitas virtuales en el sistema correccional.
Comentarios sobre post