San Juan, 27 jun (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 344, que enmienda y añade incisos a la ley de menores y las reglas de procedimientos para asuntos de menores, y que dispone que la jurisdicción del Tribunal de Menores será ejercida sobre los que tienen entre 13 y 18 años y se establecen procedimientos alternos para quienes no hayan cumplido los 13 años.
También, se requiere el agotamiento de remedios administrativos en el sistema de educación pública o privada cuando la situación elevada a la consideración del foro judicial, Sala de Asuntos de Menores, se origine en una institución educativa.
De igual forma, se prohíbe el uso de restricciones mecánicas en los procedimientos de menores y se regula el proceso para determinar en qué casos, de manera excepcional, podrán ser utilizadas.
Además, se prohíbe el uso del informe social previo o durante la vista adjudicativa, el confinamiento en solitario y el uso de gas pimienta contra menores durante el período carcelario.
A su vez, será compulsorio el uso de intérpretes durante la etapa administrativa. Igualmente, se atemperarán los términos para la celebración de la vista en determinación de causa probable para la radicación de querellas y se reducirán los términos para la celebración de vistas en alzada tanto en los casos de menores bajo la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles como para los menores cuya custodia es de los padres-madres y/o encargados.
También, entre otras cosas, se eliminan las renuncias de jurisdicción automáticas y se limitan las renuncias de jurisdicción a casos de asesinatos y agresiones sexuales.
“Siempre he apoyado los procesos que propendan a la rehabilitación sobre aquellos con enfoque punitivo. En el caso de los menores es todavía más evidente la importancia de que estos tengan procesos justos y que se promueva la rehabilitación. Como gobierno y como sociedad tenemos que procurar que los menores cuenten con las herramientas necesarias que les ayuden a reivindicarse y así tener un mejor futuro lejos de las cárceles y el crimen”, sostuvo Pierluisi.
Los departamentos de Justicia, Familia y Seguridad Pública, y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec) apoyaron el Proyecto senatorial.
También, firmó el Proyecto de la Cámara 195, que al enmendar la Ley del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) permite, entre otras cosas, que quien dirija la agencia ocupe el puesto por seis años, y hasta que su sucesor tome posesión del cargo. Se tomará en cuenta la preparación académica y técnica, experiencia y otras cualidades que le capaciten para ejecutar el cargo.
De hecho, se establece que mientras dure el nombramiento, no podrá dedicarse a gestiones de negocios particulares o profesión alguna.
Quien ocupe el cargo de director ejecutivo debe ser un científico o científica forense cualificado con un doctorado de una institución superior acreditada por la Middle States Commission on Higher Education (Msche) en una de las disciplinas forenses reconocidas por la American Academy of Forensic Sciences (AAFS).
También poseer las debidas certificaciones o acreditaciones de la Junta, Colegio o Consejo (American Board) de su especialidad (en caso de que aplique) y tener, al menos, tres años de experiencia ocupando puestos de similar responsabilidad en una institución forense.
“Me he asegurado de que la doctora María Conte, directora ejecutiva del ICF, tenga los recursos que necesita para mantener los más altos estándares de servicio en el Instituto. Hemos visto cambios favorables en cuanto a la administración y avances tecnológicos. Con esta nueva ley, el ICF tendrá mayor flexibilidad administrativa y fiscal eliminando pasos burocráticos y dando la estabilidad necesaria con una persona al mando durante seis años”, comentó el primer ejecutivo.
Otras dos medidas firmadas son las resoluciones conjuntas de la Cámara 309 y 125. Con la primera, se reasignan al municipio de Camuy 50 mil dólares provenientes de la resolución conjunta 100-2019 para obras y mejoras permanentes.
Y con la 125 se ordena a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, a la Junta de Planificación y al Instituto de Cultura Puertorriqueña a gestionar la inclusión en el Registro Nacional de lugares Históricos del Servicio Nacional de Parques del Departamento del Interior de los Estados Unidos, al Templo Parroquia San Francisco de Asís, en Aguada. INS
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