A rajatabla
El presidente Donald Trump suspendió temporalmente, la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, incluidas restricciones económicas y financieras contenidas en la Ley Graham, bautizada así en memoria del fenecido senador Lindsey Graham, que restringen el flujo de recursos financieros a Moscú para impedir que contribuyan a sostener la guerra en Ucrania.
La Casa Blanca justifica esa medida, criticada por legisladores demócratas y republicanos, bajo el argumento de que se corresponde con el interés nacional, aun cuando provee oxígeno al presidente Vladimir Putin y debilita los vínculos políticos y económicos y geopolíticos entre Washington y Europa.
A cambio de esa indulgencia, Rusia se compromete a una primera entrega a Estados Unidos de 300 mil toneladas gasoil y de proveer cantidades adicionales que triplicarían esa cantidad, condicionado al estado de sus instalaciones de refinería, muchas de las cuales han sido dañadas por bombardeos de drones ucranianos.
En días previos a ese acuerdo Trump amenazó con suspender la provisión de inteligencia militar y de armas a Ucrania, si Kiev continúa los bombardeos contra instalaciones petroleras de Rusia, además de considerar que «ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente».
Trump considera que una repentina reducción en Estados Unidos en los precios en Estados Unidos de la gasolina (US$4.30) y el gasoil (RD$6.32), mediante la inyección de combustibles rusos, ayudarían a revertir las negativas perspectivas de resultados de las elecciones a celebrarse el 3 de noviembre, aunque ha dicho que responde al interés nacional.
En aras de impedir una previsible derrota electoral del Partido Republicano, y por consiguiente de perder el control de una o de ambas cámaras legislativas, el inquilino de la Casa Blanca ha aplicado en su acuerdo con Rusia la máxima jurídica «Qui Potest plus, potest minus» («Quien puede lo más puede lo menos»).
El gobierno debería solicitar a los Departamentos de Estado y de Comercio estadounidense que en el caso de las exportaciones de arroz hacia el mercado dominicano se aplique ese sabio principio mediante el cual, en aras del interés nacional, se obviarían mediante orden ejecutiva, obstáculos jurídicos contenidos en el tratado RD- Cafta.
La industria arrocera dominicana tiene lazos indisolubles con el crecimiento económico, desarrollo social, gobernanza y seguridad alimentaria, por lo que su degradación a corto o mediano plazo tendría gran afectación sobre la democracia y la estabilidad política, lo que seguramente no desearía Washington.
Con debido resguardo a distancia y comparación, el Gasoil que se gestiona en Rusia, significa para el gobierno de Trump exactamente lo mismo que la supervivencia de la producción de arroz para Republica Dominicana, por lo que «el interés nacional» debe obrar también para el caso dominicano.
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(El autor es abogado y periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
