Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia depositó en la Procuraduría General de la Republica una querella penal en contra de Bartolomé Pujals y Pedro Quezada, director y exdirector de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), y en contra de Lorenzo Ramírez, director de Pasaportes, por la presunta suscripción de contratos de alquileres «fraudulentos de inmuebles a precios sobrevalorados».
De acuerdo a la Fundación, mediante esos contratos «garantizaban la sustracción de miles de millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano, quienes para evitar sospechosas del fraude, usaban a la Inmobiliaria Reservas como aparente propietaria, cuando en realidad los inmuebles alquilados eran propiedad del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, de allegados al presente gobierno».
Según la Fundación Primero Justicia, «se trata de una suerte de asociación fraudulenta, entre directores y funcionarios de alto rango del Estado Dominicano, con allegados del sector privado, a los fines de esquilmar el patrimonio público, mediante supuestos arrendamientos de locales comerciales e inmuebles, a precios exorbitantes, que superan el valor del inmueble arrendado, usando como cortina de humo y vehículo legitimador de capitales ilícitos, al denominado Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Reservas I, administrado por la Administradora de Fondos de Inversión Reservas S.A., donde los allegados del sector privado, adquieren el inmueble en cuestión, por un monto inferior al arrendamiento previamente acordado con la entidad Estatal».
Mencionó como ejemplo el caso del Edificio de 16 niveles «Corporativo Vista 311″, que fue comprado y adquirido en su totalidad, !por dicho fondo, en fecha 11 de abril del 2022 por el monto de RD$1.400.406.577,798.14, del cual alquilan al Estado Dominicano, 5 de sus 16 niveles, por el monto exorbitante de RD$1.440.331.299.88, que duplica el monto que pagaron los propietarios, por el edificio completo, en una clara y aberrante actuación de sustracción de los fondos públicos».
«Lo peor es que de conformidad con la documentación depositada ya el citado Fondo de Inversión anunció un nuevo contrato de arrendamiento a suscribirse con el INTRANT para la instalación de su nueva sede en el edificio recientemente adquirido de Teleantillas,
ubicado en la Ave. John F. Kennedy, lo que confirma el mismo patrón fraudulento», indicó la Fundación.
Agregó que el grupo pudo efectuar sus cuestionables actuaciones amparado en la circular del 3 de febrero del 2022, de la Dirección General de Compras y Contrataciones, «mediante el cual se autorizó a todas las instituciones que conforman el Estado Dominicano, a suscribir de grado a grado, «contratos de arrendamientos y alquileres, eligiendo de antemano el beneficiario del contrato de alquiler, la propiedad, y el precio, sin ningún tipo de control, ni verificación, ni estudio, respecto al monto, ni al precio del monto del alquiler versus el precio del inmueble, versus el precio del alquiler del valor de mercado».
