Acusa a Gonzalo Castillo de uso ilícito de recursos para financiar campaña.
Santo Domingo (República Dominicana).- La Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) medidas cautelares urgentes contra el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
Según la organización en oposición, el aspirante presidencial oficialista hace uso de bienes de origen ilícitos para financiar su campaña, utilizando la corporación de Helidosa Aviation Group.
Franklin Almeyda Rancier y Manuel Crespo, representante del candidato presidencial de la FP y delegado político, al someter la instancia, pidieron ordenar el cese de las operaciones de la referida empresa, y la sociedad fusionada por absorción Aeroambulancia.
El cese será mientras dure el actual proceso electoral, ya que fue comprobado que está financiando de manera fraudulenta la candidatura oficialista.
Dicha empresa es receptora de fondos públicos, con los cuales realiza múltiples inversiones en aeronaves y otros activos, estimados actualmente en la suma RD$3, 470 millones de pesos, los cuales utiliza para la sostenibilidad operacional y financiera de dicha candidatura presidencial”, indican.
Segúnla instancia, en franca violación de la Ley Núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral,
Solicitan declarar de extrema urgencia el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares en contra de candidato presidencial del PLD, con base en los principios de transparencia, publicidad y simplificación.
La FP también pide a la JCE el cese de la publicidad, contribución o aportes de cualquier naturaleza, por intervención o uso de la sociedad comercial Helidosa Aviation Groupo a favor del candidato presidencial del PLD.
Basa la solicitud en su comprobación de que hasta la fecha destinó aproximadamente la suma de RD$2,550 millones de pesos, rebasando los límites impuestos por la Ley Núm. 15-19 y la Resolución regulatoria adoptada por la JCE, contenida en el Acta Núm. 26-20, de fecha 17 de marzo de 2020.
En la instancia el representante del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y el delegado político de la organización reclaman a la JCE ordenar que la decisión a intervenir sea ejecutada, no obstante impugnación o cualquier recurso que se interponga contra la misma.
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