Santo Domingo (República Dominicana).- La secretaria de Seguridad Ciudadana del partido Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, denunció que la República Dominicana lleva seis años sin una política de seguridad ciudadana coherente, marcada por la improvisación institucional, el uso reiterado de militares en funciones policiales y la ausencia de resultados concretos frente a la delincuencia.
La posición fue dada a conocer mediante un documento en el que la organización política sostiene que, en ese período, se han destinado más de RD$300 millones de pesos, según distintos contratos, a consultores, asesores y planes que han sido relanzados en múltiples ocasiones sin rendición de cuentas ni impacto medible en la reducción del crimen.
En el documento, Reynoso señala que la política de seguridad del gobierno se ha caracterizado por una cadena de programas ineficientes, sin prevención del delito, sin intervención comunitaria y sin fortalecimiento institucional. Entre ellos citó iniciativas como Mi País Seguro, De Vuelta al Barrio, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la Operación Garantía de Paz, incluyendo su versión 2.0, “ninguno de los cuales fue evaluado públicamente ni arrojó resultados verificables”.
Asimismo, la dirigente política denunció que, para la ejecución de estos planes, se han adjudicado contratos mediante procedimientos de excepción, bajo el argumento de seguridad nacional, para la contratación de comisionados y asesores nacionales e internacionales en el marco de la denominada reforma policial.
A su juicio, estos procesos corresponden en realidad a simples servicios de asesoría, lo que constituiría una violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y a los principios de transparencia administrativa.
Reynoso también criticó lo que definió como una “militarización permanente” de la seguridad ciudadana, señalando que el artículo 252 de la Constitución establece que el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional debe ser excepcional. “Si durante seis años se necesita militarizar la seguridad ciudadana de manera constante, el problema no es operativo: es político”, expresó.
En ese sentido, cuestionó que nuevamente las autoridades se reúnan para relanzar planes vinculados al tránsito y la seguridad vial, los cuales ya habían sido implementados en 2022, relanzados en 2024 y presentados otra vez en 2026. “Ya estamos cansados de planes fallidos”, afirmó.
El documento también hace referencia a una contradicción en la gestión de la reforma policial, al señalar que el comisionado responsable ha publicado textos académicos donde advierte que los gobiernos fracasan cuando diseñan políticas públicas sin evidencia ni diagnósticos reales, descripción que, según la Fuerza del Pueblo, coincide con la actual gestión.
“La seguridad no se administra con marketing, no se resuelve con ruedas de prensa y no se construye con contratos millonarios sin resultados. Se garantiza con liderazgo, planificación y autoridad. Y hoy, lamentablemente, este gobierno ha fracasado en materia de seguridad”, puntualizó Reynoso.
Frente a este panorama, la Fuerza del Pueblo propuso una agenda concreta que sustituya el modelo actual por acciones reales.
Entre ellas, planteó la necesidad de una policía verdaderamente profesional, con formación sólida, manejo de crisis, respeto al debido proceso y a los derechos humanos, así como la reducción de muertes en supuestos intercambios de disparos que, según indicó, han aumentado en los últimos dos años, alcanzando 51 casos en lo que va de 2026.
Además, propuso la implementación de un verdadero Plan Nacional de Seguridad con rendición de cuentas, metas verificables, cronograma de ejecución e informes periódicos ante la ciudadanía, estableciendo que ningún programa debe relanzarse sin evaluar previamente sus resultados.
La organización también abogó por retomar la prevención del crimen mediante la intervención comunitaria como eje central, con programas dirigidos a la juventud, el fortalecimiento de la policía de proximidad, la coordinación con gobiernos locales y el abordaje de las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la deserción escolar, la salud mental y el desempleo juvenil.
Además, Reynoso planteó la necesidad de garantizar transparencia en el gasto en seguridad, proponiendo que todos los contratos sean públicos, licitados y auditados, así como la creación de una Comisión de Veeduría Ciudadana con participación de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales.
En nombre de la Fuerza del Pueblo reiteró que la actual situación requiere decisiones firmes y un cambio de enfoque que devuelva la confianza a la población y garantice resultados reales en la lucha contra la delincuencia.
