Santo Domingo (República Dominicana). –La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) consideró como “salida salomónica” la resolución 42-2020, de la Junta Central Electoral (JCE), posponiendo las elecciones de mayo para el domingo 5 de julio y domingo 26 de julio, esta última fecha ante la eventualidad de una segunda vuelta, una salida salomónica.
Tras suponer que la medida contó con el consenso de los partidos políticos, Trajano Potentini, presidente de la entidad de la sociedad civil, precisó que no se trata de enjuiciar si es o no constitucional la medida, ya que nadie está obligado a lo imposible, máxime cuando se está enfrentando un problema de fuerza mayor, que viene azotando casi a la totalidad del mundo y en particular a la República Dominicana.
El jurista recordó que los diversos escollos, como la prohibición de los Estados Unidos de Norte América, de celebrar elecciones en su territorio de forma presencial (para los dominicanos en el exterior), única mecánica prevista en nuestras leyes, para garantizar el derecho a elegir y ser elegible de nuestra diáspora, además de la experiencia comparada, con la suspensión de elecciones, en más de 25 países a la fecha, imponían la correcta decisión que ha tomado la Junta de posponer las elecciones.
Advierte sobre “Apagón Constitucional”
El presidente de la entidad cívica advirtió, que ante la muy probable eventualidad de que tampoco puedan celebrarse elecciones antes del 16 de agosto, porque persistan las causas y el estado de emergencia generado por el Coronavirus, que obligaron al cambio de fecha para las elecciones, entonces estaríamos en presencia de un “Apagón Constitucional”.
Dijo que de producirse esa situación, los diferentes actores sociales y políticos deben precisar del mayor consenso y discusión para barajar una posible reforma constitucional, y cuáles serían las formulas a considerar, para la estructuración de un esquema, que de forma provisional maneje los destinos del país.
“Esto así porque el artículo 274 de la Constitución, de manera expresa le pone un plazo de caducidad, de termino al mandato de los funcionarios electivos de 4 años, ósea la duración del periodo constitucional, fuera de ahí indefectiblemente estaríamos en una situación de quiebre democrático y constitucional”, manifestó.
En ese sentido la FJT entiende que ya es tiempo de que el liderazgo político dominicano deje de escurrir el bulto y asuman con responsabilidad el momento histórico de crisis social y humanitaria, sin precedentes, que estamos viviendo por la pandemia del Coronavirus, tomando en serio y mirando más allá de la curva, el muy posible y lamentable vacío de poder, limbo jurídico o apagón constitucional, que podrían generarse, en el ámbito político y democrático, en un momento donde el país y la democracia necesitan de la mayor legitimidad posible, para poder afrontar con éxito los grandes retos que suponen la gobernabilidad en estos tiempos.
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