Santo Domingo (República Dominicana).- El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, calificó como absolutamente incompletas las modificaciones del nuevo Código Penal que entrará en vigor en agosto por considerar que los cambios registrados no son más que parches que no tocaron la esencia de la norma.
Álvarez Valdez pronosticó que los temas de fondo en el Código saldrán a relucir en los próximos días. «Lamentablemente esta reforma es más un parche, estamos acostumbrados a utilizar esa palabra en el ámbito fiscal, cuando dicen esto no es una reforma fiscal, es un parche».
El jurista opinó que la mayoría de las modificaciones son de forma, se hicieron a la carrera, no tienen un valor por sí mismas y había que corregir la normativa.
«Pues esto no fue una reforma integral de ese Código Penal, sino la colocación de parches que tal vez tenían por finalidad decir, se modificó el Código», insistió el coordinador general de Participación Ciudadana al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa «Esferas de Poder», que se transmite los domingos por RNN Canal 27.
Álvarez Valdez entiende que el contenido de esas modificaciones, la mayoría son de forma, porque no se está discutiendo si los partidos políticos pueden ser penalmente responsables, porque decidieron eludir el bulto y tirarle ese problema a la Junta Central Electoral (JCE). «Esa prisa con la que se conoció ese proyecto de ley hizo que se obviaran muchos otros elementos que van a ser traídos a colación en el futuro».
El jurista aclara que la vacación legal que se dio de un año no fue para modificar la ley que iba a entrar en vigor, sino para que la ciudadanía se preparara para su aplicación.
«Lo primero es decir que qué pena que todavía no está en vigencia una ley y ya estamos modificándola, eso hay que inscribirlo en los libros de Guinness, una ley que se aprobó en agosto del año pasado y que entra en vigor en agosto de este año con una vacación legal de un año», adujo.
El vocero de la sociedad civil considera que eso habla muy mal del proceso legislativo, porque se supone que cuando se aprueba una ley debe tener todos los elementos para poder aplicarse sin dificultad.
Al mismo tiempo, Álvarez Valdez aseveró que hay que proteger el ejercicio de la prensa en la República Dominicana, y por eso prefiere que la responsabilidad en materia de difamación e injuria sea estrictamente civil y no penal.
«Porque advierto que los primeros que van a ser perseguidos son los periodistas, por eso, repito, prefiero que se despenalice el tema, pero eso no fue discutido en estas reformas que estaban objeto de modificación, como tampoco las tres causales, que es un tema que debió discutirse, pero sencillamente se le dejó de lado», subrayó.
Álvarez Valdez considera que el sector más tocado y que va a ser más afectado con el nuevo Código con sus modificaciones será el empresarial, porque se está introduciendo la responsabilidad penal de las sociedades comerciales.
«Por cierto, aquellos que pedían que se aumentara la vacación legal para ampliar el plazo para su entrada en vigor, eso fue tocado única y exclusivamente por los congresistas ahora para extender la vacación legal por tres meses en los artículos que tratan sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas», agregó.
Dijo que ahora todas las empresas en la República Dominicana van a tener un procedimiento para evitar que esas sociedades puedan ser utilizadas para cometer tipos penales previstos en el Código.
De otra parte, el coordinador general de Participación Ciudadana advirtió que genera sorpresa e incertidumbre la no convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a once de 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia. «Sencillamente nadie del gobierno ha dicho por qué no se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura».
Entiende que debe haber una explicación de las razones por las cuales no ha sido convocado el organismo, porque ya se cumplió el plazo constitucional para hacerlo en abril.
Álvarez Valdez considera que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debe ser un juez proveniente de la carrera judicial porque una medida de esa naturaleza fortalece la institucionalidad.
