Santo Domingo (República Dominicana).- El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la evaluación correspondiente a la consulta del Artículo IV de 2024 para República Dominicana, valoró la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, al considerar que esta servirá para continuar fortaleciendo la institucionalidad de las finanzas públicas del Estado.
“La promulgación e implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es un paso clave para promover la consolidación fiscal y, como resultado, posicionar la deuda en una trayectoria de reducción gradual. Esta Ley fortalecerá los esfuerzos para lograr un uso más transparente y eficiente de los recursos públicos, mejorar la aplicación de las políticas a mediano plazo y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”, establece el FMI.
En el documento del organismo internacional se resalta que el país ha podido hacer frente a los desafíos en materia económica gracias a la implementación de políticas firmes y al fortalecimiento del marco institucional.
En este sentido, añade que el rol de la política fiscal ha sido clave y su manejo, prudente, orientado a garantizar la sostenibilidad de los principales agregados fiscales y consolidar la recuperación y estabilidad económica.
Además, destaca que el país ha logrado un crecimiento económico sólido y resiliente ante choques adversos y un bajo nivel de inflación en las últimas dos décadas.
“A pesar de la incertidumbre a nivel global, las perspectivas para el país son positivas. Se proyecta que para el 2024 y los próximos años el crecimiento del PIB (producto interno bruto) real se sitúe en torno a su tendencia de largo plazo de 5 %, con una inflación alrededor de la meta (de 4±1 por ciento)”, sostiene el informe.
De acuerdo con el equipo técnico del FMI, en el corto plazo, los esfuerzos en materia de la política fiscal se deben enfocar en la priorización del gasto y reponer el espacio fiscal. Establecen que, para afianzar más el marco de la política fiscal y la eficiencia del gasto y el ingreso, corresponde continuar mejorando la gestión financiera pública y reforzar más la administración de los ingresos públicos.
Consideran necesario implementar reformas específicas, principalmente en el ámbito fiscal y eléctrico, como la eliminación de exenciones tributarias, la ampliación de la base impositiva y la reducción de los subsidios al sector eléctrico y las transferencias no focalizadas. Esto permitiría aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia del gasto, lo que crearía un mayor espacio fiscal para gasto asociado al desarrollo y a la promoción del crecimiento inclusivo.
El Directorio Ejecutivo reconoce que las acciones en curso para mejorar las instituciones públicas y el clima empresarial son esenciales para preservar la firme trayectoria de inversión y crecimiento.
“Las autoridades deben continuar realizando esfuerzos puntuales para asegurar la adecuada implementación de las reformas más urgentes en los ámbitos de la administración pública y fortaleciendo la institucionalidad para apoyar un crecimiento inclusivo y resiliente del país”, concluye.
