Santo Domingo (República Dominicana).-  La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) propuso crear una oficina o unidad especializada encargada de coordinar el ambicioso plan del próximo gobierno, para eficientizar y mejorar la labor administrativa de la cosa pública.

El presidente de la fundación, Trajano Potentini, dijo que eliminando y fusionando instituciones que tienen funciones duplicadas con otras entidades se reorienta la actividad administrativa del estado a la realidad y contexto actual.

La propuesta oficina de reformas institucionales serviría para viabilizar en consonancia con la institucionalidad, el derecho y la Constitución Dominicana, el tránsito del nuevo enfoque jurídico administrativo, anunciado por el próximo gobierno como su buque insignia de cambios, mejoras y reforma en el estado.

Consideró necesario hacer una reingeniería administrativa y legislativa, en razón de la existencia de instituciones que perfectamente podrían eliminarse con un decreto del Poder Ejecutivo, por ser la raíz de su creación, otro decreto, que bien podría ser cambiado por el ejecutivo.

Sin embargo, dijo que también existen instituciones creadas por ley y que precisarán entonces de otra ley para su disolución.

La entidad cívica se mostró de acuerdo con la propuesta de Participación Ciudadana del establecimiento de un protocolo para el cierre, fusión o eliminación de instituciones.

Ello así porque, en un tema de continuidad del estado, deberá considerarse y honrarse, la transferencia de las funciones y los compromisos contraídos por esas instituciones, además de respetar los derechos de los empleados”, manifestó.

Pide fusionar la OPTIC y la DIGEIG en un ministerio

La entidad también propuso fusión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC) en un ministerio de Transparencia y Gobierno Abierto.

Dijo que esto sería una necesaria respuesta coordinada al tema transparencia, unificando la visión y estándares internacionales, que hoy día condicionan el manejo pulcro de los fondos públicos, al acceso y uso de la tecnología de la información, desde las herramientas de colaboración y participación de los ciudadanos con el estado.

Entiende que la DIGEIG, de cara a las grandes responsabilidades que tiene, como rectora y responsable internacional de los compromisos asumidos por el país, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), debe contar con fortaleza y garras institucionales de una ley.

Manifestó que, convirtiéndola en un ministerio, se puede unificar incluso el tema de la declaración jurada de bienes, el acceso a la información pública, los datos abiertos, entre otras altas funciones, que reiteramos precisan de la jerarquía de un ministerio para su eficiencia en el tema transparencia.