Santo Domingo (República Dominicana).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) calificó de absurdo e ilegal la prohibición a Ikea y Centro Cuesta para que no continúen vendiendo en línea.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, considera que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) se extralimitarse en sus funciones con la medida.
Dijo que con la disposición favorece a las grandes plataformas en línea, como Amazon y eBay, para que operen a sus anchas, en detrimento de empresas dominicanas que pagan impuestos.
Acusó a Proconsumidor de desbordar sus capacidades y violar la Constitución y su ley orgánica, cuya esencia es la protección de los consumidores.
Pide no alejarse atribuciones
Explicó que el ente regulador nunca debe alejar a los consumidores de las posibilidades y facilidades para en condiciones muy precarias y difíciles, como las actuales, compren en línea desde sus hogares.
Manifestó que no le corresponde al ente oficial, y mucho menos en el marco de la declaratoria de un estado de emergencia, dirimir problemas relacionados con la igualdad, la competitividad o la modalidad en que el comercio garantiza el servicio a los consumidores.
Más aún cuando las ventas online sirven a los propósitos del gobierno para el manejo del Coronavirus”, manifestó Potentini.
Para Justicia y Transparencia resulta contraproducente la acción de proconsumidor, en momentos donde debemos darle facilidades e incentivo al comercio para que opere en línea.
No entiende medida
Dijo no entender “como esta institución se despacha con semejante barbaridad” en un escenario que esta modalidad de venta debería de ser la exigida a nivel de los protocolos del gobierno.
Reiteró que no le corresponde a Pro Consumidor en el marco de sus atribuciones, el decretar cierre o suspensión de actividades, sin que ello sea autorizado por autoridad competente.
Expreso su preocupación por la indefensión casi generalizada en que se juega con la protección de sus de los derechos fundamentales, con una justicia prácticamente cerrada, y un Tribunal Constitucional ajeno a sus funciones y responsabilidades.
Advierte a Proconsumidor y su titular para que descontinúen la “arbitraria e ilegal práctica”, ya que pueden ser pasible de persecución civil y patrimonial, ante el Tribunal Superior Administrativo por su accionar ilícito.
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