Redacción (Telesur).- El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este lunes la implicación de varios ciudadanos civiles en la llamada Operación Brazalete Blanco, que pretendía el derrocamiento del Gobierno de ese país sudamericano.
En particular, Saab refirió la presencia de la opositora Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, en documentos ocupados a los primeros implicados en la operación terrorista.
El fiscal general recordó que los involucrados en la llamada Operación Brazalete Blanco «planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en Táchira, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo».
Puntualizó que los involucrados en la operación «tenían planeado atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal e iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro», lo cual llevó a la acción del Estado venezolano, para neutralizar tal conspiración.
Tras mostrar en varios documentos cómo los organizadores y conspiradores contaban con la complicidad de Rocío San Miguel en la trama, William Saab se preguntó si «el Estado venezolano debería bajar la guardia ante este tipo de hechos».
«¿Qué pasaría en EEUU, en la Unión Europea si cualquier persona aparece involucrada en operaciones para propagar acciones criminales? se preguntó asimismo.
Mostró nuevas pruebas de los planes terroristas, con mapas que muestran las coordenadas de las instalaciones militares en los alrededores de Caracas y que le fueron ocupados a Rocío San Miguel, durante su detención. Abarcan, en total, 24 zonas de seguridad demarcadas.
Remarcó que aunque los mapas son de acceso público, en ningún caso su acopio sistemático y demarcación exacta de zonas de seguridad constituyen indicios de su uso con fines conspirativos.
En ese sentido, insistió de que Rocío San Miguel «es una espía, tenía contactos con miembros de la FANB para luego desatar acciones que atentan contra la soberanía».
Saab declaró que «hemos encontrado evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares del país; y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar. Explíquenme cómo una supuesta activista defensora de los derechos humanos debe tener este tipo de información. Esto corresponde más al perfil de una agente».
Por ello, concluyó que «las pesquisas nos han llevado a considerar que San Miguel está lejos del perfil de un defensor DDHH».
Refirió que «aunque no hay un concepto exacto de los defensores de los DDHH, quiero recordar que todas sus acciones deben ser pacíficas según lo establece la ONU, todas las acciones deben ser netamente pacíficas».
Dijo que «es delicado tener como fachada una ONG como la Cruz Roja entre otros, organismos de DDHH para presuntamente luego proteger la dignidad humana de quienes practiquen acciones terroristas», en referencia a Control Ciudadano.
Enumeró algunas acciones de Rocío San Miguel que la alejan de su perfil de presunta defensora de DDHH, entre ellas: entregar a un embajador de una potencia europea información sobre las capacidades militares de Venezuela, recibir dinero de una trasnacional petrolera, entre otros.
Desestimó las acusaciones sobre desaparición forzada de San Miguel y dijo que era una ofensa, en comparación con lo que sucede con verdaderas desapariciones forzadas en el mundo.
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